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España: descenso del número de desahucios y victoria para los afectados por hipotecas abusivas

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El número de ejecuciones hipotecarias se reduce un 29% y la Justicia madrileña ordena la suspensión de todas las ejecuciones hipotecarias por vencimiento anticipado.
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En España, el número de desahucios ha descendido significativamente. Según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', publicado este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de ejecuciones hipotecarias en 2016 fue de 48.410, lo que representa un descenso del 29% respecto a las presentadas el año anterior, y la cifra más baja desde el año 2008, cuando se iniciaron 58.686 deshaucios.

El informe se produce tan solo un día después de que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera suspender todas las ejecuciones de hipotecas por vencimiento anticipado. Así, la cláusula que permitía al prestamista exigir la totalidad de la deuda ante el impago de una sola cuota quedará paralizada, aunque de forma temporal, hasta que el Tribunal de Justicia de la UE responda las cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo de España en relación a la sentencia que determinó que el país no cumplía la normativa europea en esta materia.

El Tribunal Supremo de España "trabaja para los bancos"

Luis Chamorro es uno de los numerosos pequeños empresarios españoles que se vio afectado por este tipo de hipotecas cuando estalló la crisis económica. "Nos vemos paralizados porque los bancos nos impiden seguir financiándonos incluso con las líneas de crédito o de descuento de las que se podían disponer", explica a RT.

En aquel momento, inició negociaciones con su entidad bancaria para encontrar algún tipo de solución. Sin embargo, en 2012 le ejecutan y subastan una de las dos pequeñas empresas que tenía en ese momento. Pero su lucha no acabó aquí. "La jueza me retornó esa propiedad por los defectos de forma que había, que luego volvió a reclamarme el banco y que, finalmente, he ganado en los juzgados, porque la falta de legitimidad para que puedan llevar a cabo este tipo de iniciativas se pudo demostrar con suficiencia", agrega el afectado, que ahora podría perder su vivienda.

Aunque la Justicia europea todavía tiene que responder a las dos cuestiones que planteó el Tribunal Supremo de España referidas a la interpretación de la normativa comunitaria, Chamorro considera que el Tribunal de Justicia de la UE "sigue respondiendo a los principios de europeidad y respeto a las leyes", a diferencia del Supremo, "que está trabajando para los bancos con todo descaro".

Subasta de la vivienda y una deuda para toda la vida

Por su parte, Javier Rubio, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), recuerda que el 99% de las hipotecas que se concedieron en España durante la burbuja inmobiliaria contiene la cláusula de vencimiento anticipado. Además, desde el inicio de la crisis económica, se han puesto en marcha alrededor de medio millón de ejecuciones hipotecarias.

Sin embargo, según la plataforma, todavía queda mucho trabajo por hacer, ya que hay numerosos abusos bancarios en las hipotecas que se firmaron durante la época de supuesta bonanza económica y que todavía están por juzgarse. "No solamente es la de vencimiento anticipado, sino que contamos con la cláusula suelo, con el IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), con intereses de demora, con cesión de crédito, con cuestiones sobre la adhesión de crédito, sobre la falta de legitimación activa", explica el letrado.

Rubio espera que la Justicia europea falle a favor de los afectados, lo que supondrá la suspensión definitiva de todos los procedimientos en marcha. "Da un respiro a todas las personas afectadas y es una oportunidad para negociar con la entidad una salida distinta a lo que sería, según la legislación vigente, la salida prevista, que es la subasta de su vivienda y seguramente una deuda para toda la vida", afirma.

La PAH, que ha calificado la decisión de la Justicia madrileña de "victoria", asegura que continuará trabajando contra todas las cláusulas abusivas que todavía hay en la actualidad: "dinero que está siendo cobrado a los ciudadanos de manera ilegal", subraya Rubio.

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