El estado de Hawái se ha convertido en el primero de EE.UU. en presentar una demanda contra la orden ejecutiva sobre inmigración que promueve el presidente Donald Trump, informa NBC News.
Los abogados del estado han presentado la demanda ante una corte federal de la ciudad de Honolulu. Hawái ya había recurrido el decreto migratorio del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, el proceso quedó en suspenso por casos similares presentados en otras partes del país.
La demanda afirma que el decreto dañará a la población musulmana, al turismo y a los estudiantes extranjeros que llegan a Hawái. Además, en la demanda se afirma que se pretende proteger a los residentes, negocios y escuelas de Hawái y se reclama "su soberanía contra acciones ilegales del presidente Donald Trump y del Gobierno federal".
"En Hawái nunca se ha discriminado"
"Hawái es especial en que nunca ha discriminado, ni en su historia ni en su Constitución", afirmó el fiscal general Doug Chin. Este enfatizó el hecho de que "el 20% de la población del estado nació en el extranjero, 100.000 no tienen la ciudadanía y el 20% de la mano de obra también nació en el extranjero".
El juez de distrito Derrick Watson aceptó la solicitud del estado para continuar con el caso y puso fecha para la celebración de una audiencia: el 15 de marzo, un día antes de la fecha prevista para la entrada en en vigor de la orden de Trump. Hawái pedirá entonces la paralización temporal del decreto con objeto de que se impida su implementación hasta que se resuelva la demanda.
Aunque la orden ejecutiva ha sufrido ciertas modificaciones respecto a su primera versión del 27 de enero, sigue manteniendo la prohibición de entrada a EE.UU. a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.
- Afecta a los ciudadanos de Irán, Somalia, Libia, Siria, Yemen y Sudán. Irak queda excluido de los países vetados en esta ocasión.
- El decreto prohíbe la entrada a los ciudadanos de estos países durante 90 días a partir del próximo 16 de marzo.
- Se ha reducido el número de refugiados sirios que recibirá EE.UU.: de los 110.000 previstos para 2017 por la Administración Obama a 50.000 reflejados en el nuevo documento.
- Estas medidas no aplicarán para las personas que residan de forma legal en EE.UU. y aquellos que trabajen con una 'green card' válida.