Artur Mas, condenado a 2 años de inhabilitación por la consulta independentista del 9-N

El Tribunal considera a Artur Mas culpable del delito de desobediencia por la organización de la consulta sobre la independencia catalana el 9 de noviembre de 2014: esa es la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el juicio contra el ex-presidente de la Generalitat, contra la ex-vicepresidenta Joana Ortega y contra la ex-consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por la organización de la consulta sobre la independencia catalana celebrada el 9 de noviembre de 2014. Artur Mas ha sido condenado a dos años de inhabilitación. Ortega y Rigau han sido condenadas también, como colaboradoras necesarias, a un año y nueve meses, y a un año y seis meses de inhabilitación respectivamente.

La fiscalía pedía 10 años de inhabilitación para Artur Mas y nueve años para cada una de las ex-consejeras, por delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. 

Aunque la relevancia de este juicio ha estado determinada por sus evidentes implicaciones políticas, y se inscribe en el marco más general de la validez legal del proceso independentista, lo que esta sentencia dirime es una cuestión fundamentalmente jurídica: que la actuación de Mas y su gobierno el 9 N incurre en delito de desobediencia. 

"No había ánimo de desobedecer a nadie"

A este respecto, durante el juicio Mas había declarado que "no había ánimo de cometer ningún delito ni de desobedecer a nadie". Además, alegó que el Tribunal Constitucional no advirtió con claridad de las consecuencias que podía tener seguir adelante con la consulta: "Si tan evidente era que era un delito, ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?", preguntó retóricamente el ex-presidente de la Generalitat. Por su parte, tanto la vicepresidenta del gobierno de Mas, Joana Ortega, como la ex-consejera de Enseñanza, Irene Rigau, secundaron esta postura y destacaron que en ningún momento llegaron a recibir requerimientos del Alto Tribunal al respecto. 

Esta sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, que será el órgano encargado de dictar una resolución definitiva. 

"Democracia Low Cost": primeras reacciones y críticas a la sentencia.

La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, ha expresado rápidamente su apoyo a Mas, Orteg y Rigau desde su perfil en Twitter, en el que proclamó que "la democracia no se inhabilita, se ejerce".

Por su parte, Joan Tardá, líder del partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña, se ha mostrado muy crítico con la sentencia en un mensaje contundente contra la democracia española, a la que califica de democracia "low cost".

Pablo Echenique, del partido Podemos, en declaraciones a la cadena de televisión La Sexta, dijo hay que respetar la sentencia, pero afirma que no están de acuerdo con su contenido y que, en cualquier caso, "poner urnas no debería ser un delito".

Desde el PSOE, Antono Hernando, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, ha expresado su respeto a la decisión judicial y ha explicado que la sentencia es "la consecuencia lógica de desobedecer al Tribunal Constitucional".