En Montevideo, capital de Uruguay, existe una cárcel en la que sus detenidos gozan de una libertad poco común, al punto que los reclusos la han definido como "un pueblo". Punta de Rieles, ubicada en el barrio homónimo, es una institución modelo surgida del proceso de transformación del sistema penitenciario uruguayo iniciado en 2004.
"Para periodistas visuales -de foto y video-, el mayor desafío que impone este lugar es lograr imágenes que den cuenta claramente de que estamos dentro de una prisión", apuntó Daphnee Denis en un artículo publicado por el diario La Nación. Es que "las rejas de las barracas apenas se notan, ya que no hay encierro", añadió.
En el predio de Punta de Rieles existe una plaza central y calles de tierra. Efectivamente, es como un pequeño pueblo. A los costados de uno de esos caminos "se levantan las persianas de los comercios: la rotisería de Damián, la peluquería de Martín, el almacén de Arturo y Antonio, la confitería –a esta altura legendaria– de Fabián", reseñó el diario Perfil. "Todos presentes en una arteria comercial como cualquier otra. Si no fuera porque los dueños y empleados son presos".
Prisioneros emprendedores
Los negocios que funcionan dentro de la cárcel de Punta de Rieles no son de la institución, sino que se trata de emprendimientos privados impulsados por los propios internos. Para financiarlos, reciben ayuda de una entidad que funciona dentro del penal que, según el director de la cárcel, Luis Parodi, es "el único banco del mundo que no cobra intereses".
Parodi debió exiliarse, perseguido por sus ideas políticas, durante la última dictadura en Uruguay (1973 - 1985). "Mis amigos me dicen que en realidad yo hago esto porque nunca estuve preso, que estoy pagando la culpa de haber disfrutado del exilio", declaró. Y agregó: "Es una interpretación. No sé si es así. Me encanta lo que hago, debe tener sus vueltas. Puedo llegar a reconocer que para mí fue salir de una militancia y entrar en otra historia. Es indudable que para mí este es un lugar importante".
El banco de Punta de Rieles está dirigido por una "comisión administrativa" conformada "por funcionarios de la prisión y reos que deciden algunas de las iniciativas más importantes para el tejido empresarial del presidio", informó Vice News. Asimismo, "ofrece créditos para hacer realidad las ideas emprendedoras de los penados y consigue financiación extra mediante el cobro de impuestos, un máximo del 20% sobre los beneficios, a las empresas que ya funcionan". "Aquí no hay rescates, si el negocio no va bien, se cierra y listo; si no hay demanda, no hay negocio", advirtió Parodi.
Los beneficios obtenidos tanto por empresarios como trabajadores se depositan en la cuenta corriente del banco de la prisión o se transfieren a bancos uruguayos elegidos por sus beneficiarios. De esta forma pueden ahorrar para cuando cumplan la condena o ayudar a sus familiares.
La libertad en un contexto de encierro
"Punta de Rieles y en general el proceso de transformación del sistema penitenciario de Uruguay interpela al resto de la región", analizó el juez argentino Mario Juliano, en diálogo con RT.
Para el magistrado argentino, esta propuesta redunda además "en beneficio del resto de la sociedad", ya que "el hombre o la mujer que recupera la libertad al cabo de la pena puede salir en mejores condiciones que cuando ingresó". Esto "es lo notable de este sistema", dijo Juliano, quien es también presidente de la Asociación Pensamiento Penal de su país.
Cabe destacar que Punta de Rieles, así como otros establecimientos similares que hay en Uruguay, "no deja de ser una cárcel", detalló Juliano. De hecho, las personas "no pueden trasponer un perímetro determinado, que se encuentra vigilado desde afuera por personas armadas para evitar que se quebrante ese régimen de privación de la libertad". No obstante, al ingresar al predio "uno advierte y aprecia que, por más que pueda resultar paradojal, se trata de un espacio de libertad en un contexto de encierro", señaló.
El modelo uruguayo
En su investigación titulada 'Punta de Rieles: hacia una resignificación de la dignidad humana', el licenciado Rolando Arbesún Rodríguez estudió la historia de esta cárcel y las transformaciones del sistema penitenciario de Uruguay en los últimos años.
Allí historizó que el predio funcionó primero como noviciado religioso, hasta que 1967 fue adquirido por las Fuerzas Armadas para convertirla en una cárcel de varones. En 1973, con el inicio de la dictadura y hasta su fin en 1985, pasó a ser un centro de detención de mujeres donde "cerca de 800 estuvieron detenidas y sometidas a las más disímiles e infamantes vejaciones, torturas y malos tratos". Así siguió funcionando como prisión, hasta que finalmente en 2010 "se procedió a su readaptación" hacia el modelo actual.
Según recordó Arbesún Rodríguez, autor también del libro 'El Escenario Punitivo en Uruguay: 1980-2004', precisamente en 2004 el primer Gobierno del Frente Amplio declaró la "emergencia carcelaria". A partir de allí, se comenzó una "transformación institucional" que "aún se encuentra en marcha". Este cambio de paradigma incluyó, entre otros aspectos, la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación -por fuera de la órbita del Ministerio del Interior- y un proceso de "despoliciamiento" en la gestión de la privación de libertad.
Mario Juliano remarcó que en este sistema "los principales garantes" de su funcionamiento "son las propias personas privadas de la libertad". Ellos son "los que conocen la diferencia de vivir en el infierno o un sitio donde se los respete".
El magistrado opinó que los regímenes cerrados plantean "reinsertar desde las antípodas de la socialización", teniendo a las personas "totalmente privadas de todo tipo de derechos". Esto es lo que se intenta revertir en Punta de Rieles.
Finalmente, explicó que si bien "no existe una estadística certera sobre la reincidencia", las dos direcciones que ha tenido el establecimiento uruguayo "coinciden en que ese índice se ubica en un 3%, algo prácticamente insignificante". A modo comparativo, comentó que en Argentina "tampoco conocemos con exactitud la estadística, pero con algunos elementos serios podemos hablar de un 30% de reincidencia".
Otro dato "que no es menor" es que "en seis años que lleva esta experiencia ha existido un solo episodio grave de violencia. Me parece que son indicadores contundentes", concluyó.
Santiago Mayor y Federico Araya