El informe presentado esta semana por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, enciende las alertas a Venezuela.
El documento de 75 páginas, que fue calificado de "inepto" por el presidente Nicolás Maduro, solicita la suspensión de Caracas si no celebra "elecciones generales completas a la mayor brevedad" y revive el temor de que el país suramericano sea víctima de nuevas sanciones que perjudique aún más su delicada economía.
"El problema no es lo que dice la Carta Democrática, sino lo que posibilita la aplicación del artículo 21: cuando un país es suspendido, los demás países y los mecanismos de integración regional son habilitados para que, de forma unilateral, tomen acciones contra el país afectado", explica a RT el internacionalista Luis Quintana.
Una vez abierta esa ventana, advierte el analista, Venezuela podría sufrir sanciones severas "de carácter económico, político, diplomático", especialmente en los mecanismos de integración de los que forma parte como es el caso de Mercosur y Unasur.
Correlación de fuerzas
Las reacciones al informe de Almagro, al menos públicamente, han sido mixtas. Mientras naciones como Chile y Perú abogan por impulsar la suspensión de Venezuela, Bolivia y Costa Rica han manifestado su desacuerdo con esa acción punitiva dentro del bloque hemisférico.
Agradecemos a la hermana Bolivia por su rechazo ante las acciones intervencionistas del SG-OEA en contra de Venezuela. pic.twitter.com/7QNVfs3Fsl— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 17 de marzo de 2017
La OEA es un escenario de riesgo para Venezuela porque no brinda garantías de igualdad soberana a los Estados
Sin embargo, recalca Quintana, la correlación de fuerzas dentro de la OEA no es estable. "¿Qué quiere decir esto? Que no se puede dar por sentado que habrá una votación favorable o negativa hacia Venezuela porque todo va a depender de las negociaciones y los recursos que haga entre los Estados. En anteriores oportunidades, aún más apremiantes que esta, el país logró evitar que aplicaran la Carta Democrática".
La aplicación de la Carta, además, no es automática. Primero deben cumplirse requisitos como la mediación diplomática, la convocatoria a una Asamblea General de cancilleres y, sólo después, someterse a votación: "Venezuela dispone de recursos políticos para evitar que se llegue a esa última instancia, pero si llega a suceder, debe aprovechar el carácter variable de correlación de fuerzas".
¿Denunciar la Carta?
El tono entre Caracas y Almagro ha sido altisonante. El funcionario ha arremetido sistemáticamente en contra del Presidente Maduro al llamarlo "dictador", mientras el mandatario lo califica de "inepto" y "traidorcillo"; una situación que, para Quintana, evidencia que la OEA no es un espacio donde Venezuela esté en igualdad de condiciones.
"La OEA es un escenario de riesgo para Venezuela porque no brinda garantías de igualdad soberana a los Estados, es decir, no todos son tratados de la misma manera. Los aliados de EE.UU. siempre tendrán unas ventajas que prevalecerán sobre los que tienen intereses contrarios a Washington".
La férrea crítica que el gobierno bolivariano ha hecho sobre el funcionamiento y estructura de la OEA, sostiene Quintana, constituye "una debilidad de entrada" para Venezuela en el mecanismo interamericano y hace "que haya una actitud de permanente hostilidad".
Aunque en varias oportunidades el país caribeño ha amenazado con dejar el organismo, tomar esa decisión en estos momentos no evitaría la aplicación de sanciones en su contra porque "la Carta de la OEA tiene efectos hasta dos años después de su denuncia", precisa el internacionalista.
"Pero el factor determinante en toda esta situación es EE.UU., una nación que está decidida a derrocar la Revolución Bolivariana y a usar su fuerza para que la correlación de fuerzas en la OEA sea determinante en su contra. Pero eso no significa que Venezuela no dé la pelea: puede darla y salir victoriosa".
Nazareth Balbás