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Perú: La política, bañada de oro ilegal

Publicado: 25 mar 2017 15:30 GMT | Última actualización: 25 mar 2017 17:33 GMT

A pesar del impacto negativo en el ámbito social y ambiental, la minería ilegal comienza a colarse en el escenario político de ese país.

Perú: La política, bañada de oro ilegal
Policías destruyen un sitio clandestino de minería ilegal en Perú.
Janine Costa / Reuters
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La minería ilegal en Perú comienza a tener influencia en la política, afirma el exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave. El sector de la explotación minera ilegal, que ha causado daños en 17 áreas protegidas del país, "controla territorios, impone sus condiciones y tiene poder político", agrega.

Un gobernador y un congresista, con nexos en la minería ilegal

De Echave explica que tanto el gobernador como un congresista del departamento de Madre de Dios, en el sur del país y dedicado 90 % a la minería ilegal, tienen nexos públicamente conocidos con esa actividad ilícita.

El gobernador del departamento amazónico, Luis Otsuka (2015-2018), admitió tener dos concesiones de minería en la zona en una entrevista hecha por Ojo Público. Además fue presidente por dos años de la Federación de Mineros de Madre de Dios, tiene abierta una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y alentó protestas en contra de la legalización de los pequeños mineros en 2012 y 2014 según 'El Comercio'.

Un área deforestada por la minería ilegal en la zona Mega 14, ubicada en la región amazónica de Madre de Dios (Perú) / Janine Costa / Reuters

En esa región amazónica, que se han destruido 50.000 hectáreas (500 km) por la acción minera, el tema ambiental no pareciera ser la prioridad de su principal autoridad, quien se opone a la declaración de emergencia de 11 distritos de la región.

No son pobres, son mafias

"Deberíamos estar tan preocupados porque haya autoridades que han sido elegidas y que estén tan vinculadas a esa actividad ilegal", alerta De Echave.

El exviceministro considera que la opinión publica cree que la actividad ilícita, en las que participan unas 600.000 personas, según cifras no oficiales, es realizada por sectores empobrecidos que no tienen otra alternativa.

"No son pobres, son mafias que tienen poder económico, social, político; controlan los territorios e imponen condiciones muy duras", sostiene.

Un congresista del partido de Keiko

Modesto Figueroa Minaya (2016-2021), el único congresista del partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, electo por Madre de Dios, fue denunciado por la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente en 2014 ante la Fiscalía de Delitos de Lavado y Activos de ese país por el lavado de activos vinculados a la minería ilegal.

Según un documento legal publicado por el diario 'Correo', Figueroa Minaya tiene nexos con la familia Baca Casas, acusada de ser la principal productora de oro ilegal en Madre de Dios. "Existen fundadas sospechas para sostener que el denunciado brinda un especial servicio de comercialización de hidrocarburos para la minería ilegal, desplegando la conducta prevista en el tipo penal de Financiamiento de la Minería Ilegal", recoge el texto legal.

Una instalación ilegal de dragado de oro arde en un río cerca de la ciudad amazónica de Puerto Maldonado en Perú / Enrique Castro-Mendivil / Reuters

La investigación abierta arroja además que Figueroa Minaya actúa como testaferro y comerciante de hidrocarburos del llamado clan Baca Casas.

También el protagonista del partido de Keiko Fujimori, que se enfrentó con el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski en las pasadas elecciones de 2016, podría tener lazos con los mineros ilegales. Keiko "firmó un acuerdo, con fines electorales, con los mineros ilegales para desmantelar todas las leyes que los estaban afectando", expresa José de Echave.

Un marco legal desdibujado

En su opinión, las autoridades ligadas con la minería defienden sus intereses a través de "estrategias para tener poder político, y llegar al Congreso, donde se debaten las leyes".

De Echave considera que hay un retroceso en el aspecto legal, a pesar de que en 2012 se aprobó el Decreto Nº 1100, que incluyó en el Código Penal el delito de minería ilegal, y en 2010 se había declarado de interés nacional el ordenamiento minero en Madre de Dios.

"Ese marco legal, con el poder político que tienen, unido a que son un bolsón electoral importante, ha comenzado a retroceder, flexibilizarse y pienso que la minería ilegal difícilmente pueda ser controlada", concluyó el exviceministro.

Nathali Gómez

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