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Crecimiento no controlado de Lima provoca tráfico ilegal de tierras

Publicado: 29 mar 2017 18:12 GMT | Última actualización: 30 mar 2017 10:37 GMT

Desde el Gobierno peruano reconocen que el Estado no está preparado para afrontar esta situación.

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El crecimiento de la capital peruana, Lima, se ha basado durante décadas en la ocupación ilegal de las tierras desérticas que rodean la ciudad, en una especie de círculo de complicidad entre la población más humilde y el Estado. Los ciudadanos invadían estas tierras para construir sus casas y el Gobierno se despreocupaba de ofrecer vivienda a los sectores populares.

Sin embargo, esta situación ha evolucionado. Y aunque aún son muchos los que invaden por necesidad, hay quien ahora lo hace con vistas de negocio. Un ejemplo es lo que ocurre en el distrito de Ancón, a las afueras de Lima, donde se está dando un tráfico ilegal de tierras. En ese distrito las viviendas han sido construidas sin planificación ni permisos, y apenas cuentan con servicio público.

A veces vienen, entran a tu casa, te golpean y te quitan el terreno y después lo revenden. Es el negocio de ellos

Además, RT ha podido comprobar que en esa zona existen pequeñas casas que están vacías, pero sus puertas están bajo candado, lo cual indica que se esperan vender en un futuro a personas que necesiten instalarse en una de ellas.

"A veces vienen, entran a tu casa, te golpean y te quitan el terreno y después lo revenden. Es el negocio de ellos", comenta Delia, una mujer que desde hace cinco años vive en Ancón junto a su hija y su nieta en una casa que ellas mismas construyeron con la ayuda de algunos vecinos.

Es así de simple porque la mayoría de quienes viven en estas zonas, no disponen del título de propiedad de sus viviendas por tratarse, precisamente, de terrenos invadidos. Algunos, como Delia, han conseguido que la municipalidad les emita un documento que al menos demuestra que residen en sus casas. Un reconocimiento que les obliga a pagar impuestos por servicios que no siempre reciben.

"Pagamos por la luz y los servicios públicos, y por los documentos que nos dan pagamos 60 soles (unos 19 dólares), pero anualmente, porque esos papeles solo tienen validez un año. Después hay que sacar otro", relata Delia, cuya casa no cuenta con suministro de agua potable, aunque puede considerarse una afortunada al contar con electricidad, ya que no todos sus vecinos pueden decir lo mismo.

Un círculo vicioso

"La lógica de una posesión informal es que primero la ocupas, la posees, la titulas y solo al final inicias todo el procedimiento para poder obtener los servicios de agua y desagüe. Es la lógica inversa. O sea, la mayoría de estas posesiones informales lo que esperan es la titulación y después continúan con su procedimiento para el saneamiento y obtención de los servicios", explicó el secretario general del organismo de formalización de la propiedad informal COFOPRI, Mario Rosario.

Pero obtener la titulación no es fácil. En un intento de regularizar estas invasiones, el Gobierno peruano permite que quienes realizaron asentamientos antes del 2005 puedan obtener la propiedad de manera gratuita. A partir de esa fecha hasta el 2010, siguen teniendo esa opción, pero pagando por el terreno. El resto están considerados ilegales.

Mariana Bazo / Reuters

El problema es que el procedimiento para obtener la titularidad a menudo se convierte en un círculo vicioso. Para demostrar que uno vive en una casa construida de manera ilegal debe presentar recibos del agua o de la luz, y la gran mayoría no recibe estos servicios porque para darlos de alta es necesario presentar el título de propiedad o el reconocimiento de la municipalidad. Algo que tampoco es sencillo de conseguir.

Un problema similar al narcotráfico

En la Administración limeña indican que el trámite para recibir la titularidad de una vivienda suele realizarse en un mes. Pero la realidad es bien distinta. "Ya tenemos como cinco años y todavía nada, ninguna respuesta nos dan. Nada positivo", lamenta Delia.

Y es difícil que esta situación cambie cuando desde el propio Ministerio de Vivienda reconocen que el Estado no está preparado para afrontarla. "Este es un problema mayúsculo tal como es el combate contra las drogas. Sin embargo, para combatir las drogas tenemos entidades dentro del poder Ejecutivo que luchan contra el problema de las drogas, tenemos juzgados especiales contra el poder Judicial que luchan contra las drogas y tenemos convenios internacionales para luchar contra la droga, pero sin embargo para el tráfico ilegal de terrenos, el Estado, particularmente pienso que no está preparado", comentó el superintendente nacional de Bienes Estatales, José Luis Pairazamán Torres.

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