Una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desautorizó este jueves al Parlamento venezolano para ejercer sus funciones.
El máximo tribunal del país determinó que la situación de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional (AN) invalida las decisiones de esa instancia, por lo que será la Sala Constitucional la encargada de ejercer "las competencias parlamentarias" o designar el órgano que disponga "para velar por el Estado de derecho", refiere AVN.
El presidente de la AN, Julio Borges, aseguró que la acción constituye un "golpe de Estado", detalla Panorama. La oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, ha celebrado las sesiones desde enero a pesar de haber desconocido los mandatos del máximo tribunal, por lo que el chavismo se abstiene de participar en las deliberaciones celebradas en el Hemiciclo.
¿Por qué el desacato?
El año pasado, el Poder Legislativo decidió desacatar la sentencia del TSJ que impedía la juramentación de tres candidatos a diputados del estado Amazonas, cuya elección fue impugnada por presuntas fraude. La orden del máximo tribunal era dejar sin efecto su designación hasta que terminaran las investigaciones.
Sin embargo, la directiva de ese entonces -encabezada por el ahora candidato presidencial de la oposición, Henry Ramos Allup- decidió desoír el mandato del Tribunal e incorporar a los cuestionados candidatos.
Desde entonces, el TSJ ha insistido en exigir al Parlamento la desincorporación de los tres ciudadanos, cuestión que no han hecho. La Constitución venezolana, en su artículo 336, faculta a la Sala Constitucional a resolver cualquier diferencia que exista entre los Poderes Públicos.
Juego trancado
Pese a que las decisiones de la AN no tienen validez por el desacato, la oposición ha continuado legislando en solitario. La semana pasada, por ejemplo, la mayoría de derecha votó por la activación de la Carta Democrática en contra de Venezuela bajo el argumento de que ese documento estaba por encima de cualquier ley venezolana, cuestión que ha sido rebatida por el chavismo.
Ese hecho crispó las tensiones entre gobierno y oposición. El presidente Nicolás Maduro denunció que la derecha parlamentaria había cometido una "traición a la patria" por aprobar un documento "pidiendo la intervención de Venezuela por parte del imperialismo y de fuerzas de la derecha internacional a través de la OEA (Organización de los Estados Americanos".
La sentencia del TSJ de este jueves, emitida tras un recurso de interpretación interpuesto por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), enciende nuevamente las fricciones entre los factores políticos del país: la derecha insiste en continuar la campaña internacional para "presionar" a Maduro, mientras el Ejectivo denuncia que sus adversarios buscan promover una "intervención". El diálogo, por ahora, sigue en veremos.
Nazareth Balbás