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Por primera vez en la historia de España llaman a declarar como testigo al presidente del Gobierno

Publicado: 18 abr 2017 11:12 GMT | Última actualización: 18 abr 2017 13:48 GMT

El tribunal rechaza la posición de la fiscalía, que veía "inútil" citar al presidente del Gobierno porque la caja b del PP está “acreditada".

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El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tendrá que declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel en una fecha todavía por determinar. Según informa la cadena Ser, el tribunal ha adoptado esta decisión por mayoría (2 votos a 1) a pesar del rechazo expresado por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que consideraban "inútil y redundante" citar como testigo a Rajoy porque tanto la 'caja b' del PP como el beneficio obtenido "ya están acreditados".

El tribunal asume así la petición de de la acusación popular Adade (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), que considera que el presidente del Ejecutivo español fue secretario general del partido en esa época y, por tanto, debía conocer las actividades del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999 - 2005), había rechazado en febrero de 2016 que Rajoy se sentara en el banquillo al entender que no había suficientes razones, pero "sin perjuicio de que en otro momento se pudiera acordar por la Sala que testifique de considerarlo necesario". Adade volvió a solicitar la comparecencia del presidente el pasado mes de octubre, pero el tribunal lo rechazó de nuevo.

La primera época de la trama Gürtel

El juicio de la denominada "Epoca I de la Gürtel", que comenzó el pasado mes de octubre, juzga las operaciones que el presunto cabecilla de la red, el empresario Francisco Correa, desarrolló entre los años 1999 y 2005 con ayuda del exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.

Según la Fiscalía, Correa y Crespo organizaron un entramado de sociedades utilizando sus contactos con responsables del PP para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, el pago de comisiones y dádivas, así como ocultar al fisco las ganancias, que ascienden a más de 40 millones de euros.

Además, posteriormente, Francisco Correa habría supuestamente sufragado de manera indebida campañas del Partido Popular. Estas actividades se llevaron a cabo en unas regiones concretas: las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, los municipios de Estepona, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, así como en la capital española.

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