"Nada cambió desde 1984": Argentinas buscan a sus bebés robados en democracia

Es frecuente pensar que tras la caída de la dictadura militar más sangrienta de la historia local, que duró desde 1976 hasta 1983, un manto de justicia invadió las calles, dejando atrás al terrorismo de Estado y las violaciones más flagrantes a los derechos civiles. Los 30.000 desaparecidos y el robo de bebés fueron los crímenes que más resonaron alrededor del mundo. Sin embargo, los delitos de sustracción de la identidad para con los recién nacidos también se cometieron en democracia, gozando de plena impunidad, complicidades estatales y pactos de silencios familiares e institucionales. De esto no se habló por mucho tiempo.

El otro terrorismo de Estado

Patricia Giménez tiene una de las historias más impactantes, y hoy, a sus 49 años, recuerda cómo le arrebataron a su hija. Corría el 3 de agosto de 1984, América Latina intentaba levantarse del Plan Cóndor tras un largo período de ajuste económico en la región, ejecutado por el brazo armado del poder. En aquel entonces, era una adolescente de 17 años que esperaba tener su primer bebé.

Iba a parir de forma prematura en el hospital Luis Carlos Lagomaggiore, en la provincia de Mendoza. "Apenas llegué a la guardia, venía con trabajo de parto, médicos y enfermeras me dijeron que no me ilusionara porque seguramente mi bebé iba a nacer sin vida", relata con dificultad, como si hubiera sucedido hace solo unos días. "Sentía que se movía dentro de la panza, como diciendo 'acá estoy mamá', ya nos vamos a ver", revive aquel momento.

A Patricia no la llevaron a una sala de parto común, con la excusa de que no había lugar, pero le hicieron dar a luz a su hija en un salón grande, con una sola camilla. "Cuando sale mi bebé y todavía tenía el cordón umbilical, me dijeron que era una nena, pero que estaba fallecida. Aunque no estaba muerta. ¡Lloraba y se movía!", se indigna, y agrega: "Me justificaron que era un acto reflejo y se la llevaron envuelta. Mi familia se había ido, los convencieron de que nada más podía hacerse, entonces no pidieron el cuerpo. Pero yo gritaba como nunca había gritado en la vida, si realmente estaba muerta quería verla, llevármela. Por ser católica, pretendía una cristiana sepultura", explica. Después de parir la llevaron a un quirófano y la durmieron, "según dijeron para hacer una limpieza de útero; explicaron que era parte del procedimiento normal", cuenta.  A pesar de su desesperación, no le entregaron el supuesto cuerpo sin vida, ni tampoco un certificado de defunción. "Lloré y rogué pero nada cambió, desde el año ’84 todavía la estoy buscando", finaliza Patricia, con la voz quebrada.

Pasaron muchos años, las puertas de búsqueda se cerraban cada vez más, hasta que encontró a otras madres con historias similares, en la misma provincia, y en 2015 decidieron crear el Colectivo Mendoza por la Verdad. Una de esas mamás es María Ortega, quien iba a tener una beba a los siete meses de gestación, en 1986. Inicialmente fue al hospital Ferroviario por una fisura de bolsa, pero después la convencieron de ser trasladada al Lagomaggiore, "porque no contaban con servicios de neonatología".

"Estoy cansada de las mujeres como vos, que esperan a último momento para traer a sus hijos muertos", le recriminó una enfermera mientras le apretaba un suero en el brazo, con violencia. Al igual que Patricia, María sentía que el bebé se movía dentro suyo. Mientras la trasladaban por los pasillos del hospital de la discordia, la empleada vociferó: "Llegamos a la sala de las que se les mueren sus hijos". María se puso a gritar, desaforadamente, pero su marido no la escuchó. Unos médicos la tranquilizaron para dar lugar al nacimiento: "Me dijeron que pronto vería a mi hija, entonces se produjo el parto. Mi beba era hermosa, se movía, todavía recuerdo sus deditos", le cuenta a RT.

"Ya tenía dos niños, sabía cómo era el procedimiento, entonces pedí que la pusieran en mi pecho, pero la partera me dijo que no podía verla porque había nacido muerta", narra la madre. Ella objetó que su beba se movía, pero la excusa oficial fue la misma: "acto reflejo". Después, se llevaron a la niña envuelta en una sábana y durmieron a María. Cuando despertó, era demasiado tarde para actuar. A su esposo le dieron el mismo argumento, pero él lo creyó y no reclamó el cuerpo. Tampoco recibieron un certificado de defunción.

Justicia injusta

Las víctimas resaltan que en estos casos puntuales no están involucradas las fuerzas militares, pero sus relatos dan cuenta sobre las responsabilidades civiles y estatales: se trata de un hospital público. En efecto, se evidencia en Mendoza un plan sistemático de robo de bebés, y la forma de cometer los crímenes presentan patrones similares en distintas historias. La abogada de la asociación, Guadalupe Josefina Álvarez, destaca que las afectadas "suelen ser chicas jóvenes, en condiciones de vulnerabilidad", y agrega: "Incluso algunas madres entregan a sus hijos tras padecer distintas presiones psicológicas". Hasta ahora, la agrupación recibió 300 consultas formales de hijos que dudan acerca de su identidad y 100 mamás que desconfían sobre las muertes de sus respectivos bebés o que confiesan haberlos entregado de forma ilegal. La mayoría de esos nacimientos ocurrieron en democracia, pero muchas de estas madres tardan años en contar su historia, por traumas y temores.

El entramado judicial comenzó en 2010, cuando empezó a investigarse la posible venta de bebés y trata de personas, relacionadas puntualmente al hospital Lagomaggiore. El fiscal a cargo por ese entonces, Daniel Carniello, le explicó a RT que "hubo una denuncia en la que se investigó sobre un teléfono que dejaban en una pizarra del centro de salud para las mujeres que querían entregar a los chicos, y esa pista terminó con que el teléfono era de Paraguay". Carniello agrega: "Después recibí varias denuncias de madres que decían que, según el hospital, sus hijos habían nacido muertos, pero nunca les mostraron los cuerpos y tenían dudas. Sobre esas acusaciones, que eran de distintas épocas pero la mayoría sobre sucesos ocurridos en democracia, logré que las mamás se hicieran análisis de ADN para poder relacionarlos con la base de datos de Madres de Plaza de Mayo, sobre los casos que ellas mismas descartaron, por no relacionarse con crímenes de la dictadura. Lamentablemente, fui trasladado de fiscalía y esa parte ha quedado trunca".  

En su reemplazo estuvo el fiscal Juan Manuel Bancalari, pero según las víctimas "no tomaba las denuncias", entonces pidieron que se coloque a una interventora de sexo femenino, con mayor perspectiva de género. En enero asumió el cargo Cecilia Bignert, y recién desde ese entonces se volvieron a recibir denuncias. Hubo muchas modificaciones administrativas, pero hasta ahora, ningún avance significativo".

"El mayor problema es que no tenemos acceso a los archivos del hospital", reclama la abogada. Solo en 2016, 516 bebés salieron del establecimiento sin ser debidamente identificados. Frente a esta polémica situación, en febrero el Registro Civil se vio obligado a abrir un Centro de Documentación Rápida en el nosocomio, exclusivo para los recién nacidos.

Leve acercamiento del Gobierno

"Si los nacimientos ocurrieron fuera del período de dictadura, no son considerados crímenes de lesa humanidad, por ley son delitos continuados, porque el ocultamiento de la verdadera identidad se comete todos los días", explica Álvarez. Al respecto, vale mencionar que las personas que nacieron en democracia y dudan sobre quiénes son realmente, no pueden acceder al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), porque solo se contemplan a aquellos individuos nacidos entre 1976 y 1983. La búsqueda de progenitores muchas veces se dificulta por motivos económicos.

Consultado para este artículo, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, reveló: "Venimos trabajando desde el año pasado en esta temática de la identidad biológica, justamente porque hay muchas demandas de las organizaciones. La idea es trabajar juntos y tratar de hacer un registro oficial para cuantificar de qué universo estamos hablando".

Por otro lado, adelantó que "según las agrupaciones, los casos en el país ―sobre robos o dudas de identidad― rondan entre 1 y 3 millones de personas", pero añadió: "Es difícil hablar de un número, esto atraviesa toda la historia argentina, incluyendo dictaduras y democracias". Avruj explicó que su intención es "poner un teléfono y un correo a disposición, para que todos puedan recurrir al Estado".

Sin embargo, sobre las responsabilidades estatales en esta problemática, opinó: "No se le puede achacar esto al Estado, acá hay delitos del orden personal, privado, hubo connivencia de médicos y obstetras, hasta madres entregaron a sus hijos por dinero. Puede discutirse que la Justicia no actuó en tiempo y forma, o que el Estado no arbitró los medios necesarios, pero la verdadera responsabilidad es ayudar a la gente ahora, y eso estamos haciendo".

En cuanto a las acciones a desarrollar, manifestó: "Una vez que tengamos los datos concretos, lo fundamental es ampliar el acceso al BNDG. No es justo que alguien que venga por un crimen de lesa humanidad tenga lugar y alguien que llegue por otra vía en busca de su identidad no cuente con ese derecho". Y cerró: "Más adelante podría verse si el Estado acompaña o no algunas demandas puntuales en la Justicia".

Sin embargo, la abogada del Colectivo Mendoza por la Verdad aclaró que si bien "el Gobierno de Cambiemos es el único que recibió esta causa, la verdad es que todavía no pasó nada". Patricia Giménez, una de las víctimas, finalizó: "Somos optimistas, preferimos estos lentos avances a la negación oficial de Gobiernos anteriores".  

Leandro Lutzky