A finales del año pasado, una grabación publicada en varios medios de comunicación arrojaba una preocupante sombra de xenófobia sobre la imagen de la justicia en España: en ella se escuchaba una conversación entre tres magistrados. Uno de ellos es el autor de la grabación, Salvador Alba, que la hizo pública, según informa eldiario.es, para "comprometer a más personas" en una serie de delitos por los que está siendo investigado. Las grabaciones nunca le sirvieron para ese propósito particular porque no tenían valor probatorio, pero se convirtieron en el escandaloso registro de actitudes xenófobas y machistas en los altos estamentos del poder judicial de España. Ésta es la transcripción:
Magistrado 1: Yo estoy acojonado en el colegio. En el colegio hay rusos. Entra un ruso y tiene una pinta de mafioso... Jovencito.
Magistrado 2: Habrá de todo, joder, en Rusia.
Magistrado 1: En Rusia, sí, pero fuera de Rusia y jovencitos, unos mafiosos. Y todos los italianos del sur, todos, mafiosos, todos, de Roma para abajo.
Salvador Alba: En clases de judo una vez había un rumano, que había sido campeón de Rumanía... Estando en el juzgado de lo penal, una vez me lo veo en el pasillo, subiendo con la Guardia Civil, con los grilletes puestos… (Risas)
Magistrado 1: Y todas las rumanas, putas. (Inaudible) ¿Tú pondrías a un albano kosovaren tu casa, a cuidar de tus hijos? ¿No? Pues lo mismo.
Esta transcripción consta también en el texto de la queja, a la que ha tenido acceso RT, que los abogados del Consulado Honorario de la Federación Rusa en Canarias enviaron hace exactamente 3 meses a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
No se sabe oficialmente quiénes son los magistrados que aparecen en la grabación departiendo de manera informal con el juez Salvador Alba, aunque algunos medios especializados españoles se han aventurado a identificar al autor de las declaraciones más polémicas, señalado aquí como "magistrado 1".
Exigen que se identifique
El Consulado Honorario de la Federación Rusa en Canarias presentó la mencionada queja al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solicitando la identificación del magistrado que se ha expresado en términos xenófobos para proceder a una revisión de su trabajo y "tomar las medidas oportunas". El TSJC se negó, argumentando que tal tarea excede sus competencias.
Por eso los mismos abogados han presentado una segunda queja, esta vez ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), insistiendo en que se identifique al magistrado en cuestión. Hay que destacar que existe la posibilidad de que el magistrado autor de las declaraciones xenófobas contra los rusos haya sido el ponente del tribunal que ha negado hasta en tres ocasiones la libertad provisional a Vladímir Kókorev, un empresario de 65 años, su esposa Julia Kókoreva, y su hijo Igor, quienes llevan casi dos años en prisión preventiva acusados de ser los testaferros de Teodoro Obiang. Esto preocupa especialmente a la defensa de la familia Kókorev y al Consulado ruso en Canarias.
Lo cierto es que, aunque no existe ninguna prueba válida ni ningún tipo de confirmación oficial, todo el entorno laboral del juez, el resto de los magistrados y los abogados que trabajan habitualmente en su sala apenas tienen dudas acerca de su identidad, pero hace falta una peritación como prueba válida.
Sospechas de imparcialidad
En RT hemos hablado con Jose Antonio Penichet, abogado del Consulado Honorario de la Federación de Rusia en Canarias, que considera que no debería haber dificultad en identificar convenientemente al magistrado de las declaraciones xenófobas y recusarlo en los casos que fuera necesario: "Es algo muy sencillo: hay una serie de grabaciones y una serie de testigos, especialmente la persona que ha hecho la grabación [el magistrado Salvador Alba]". El letrado no pone en cuestión la profesionalidad del juez de manera global, pero sí cuestiona su idoneidad en los casos que tengan que ver con ciudadanos rusos: "Puede ser un magistrado totalmente competente para otro tipo de juicios, pero después de estas declaraciones entiendo que no debe juzgar a ciudadanos rusos. Está manifestando prejuicios con respecto a personas de una determinada nacionalidad; es una cuestión ética, pero además podría incurrir en la vulneración del derecho de defensa", explica, y añade que "lo más sencillo es que él mismo se abstuviera, pero en caso de no lo haga habría que recusarlo. Pero claro, para eso hace falta saber oficialmente que ha sido él el que ha hecho las declaraciones xenófobas; no basta que haya unos indicios de que sea él".
En cuanto a la revisión con efecto retroactivo de las decisiones que este juez haya tomado con respecto a ciudadanos rusos, Penichet se muestra más cauto: "habría que ver cada caso; si las decisiones las tomó el magistrado solo, o de manera colegiada con otros magistrados... en todo caso la revisión debería hacerse. Nosotros estamos poniendo el acento en el caso Kókorev porque es el caso de mayor repercusión internacional, pero hay otros ciudadanos rusos que han sido condenados o han tenido causas...". Por ello insiste en que "una vez que se identifique al magistrado, habría que estudiar en cada caso hasta que punto sus decisiones fueron determinantes en casos de ciudadanos rusos".
Rt también ha contactado con el Cónsul Honorario de la Federación Rusa en Canarias, Gonzalo Parada: "Esperamos que se nos informe correctamente –indica el diplomático–. Aunque hemos recibido información extraoficial sobre quién es el magistrado en cuestión, necesitamos que el CGPJ nos lo confirme para poder estudiar los casos en que este juez haya deliberado sobre ciudadanos rusos. Después de haber dicho esas palabras, aunque hubiera sido en tono jocoso, su imparcialidad queda en entredicho".
Sobre el caso Kókorev
Hemos aprovechado nuestra conversación con el abogado del Consulado ruso en Canarias para preguntarle por su opinión con respecto al régimen de prisión preventiva que están soportando los acusados, y ésta ha sido su respuesta: "Mi opinión como abogado para ese caso concreto es que no tiene sentido que dure tanto la prisión preventiva. Hay que tener en cuenta que el secreto de sumario ya se ha levantado. La única justificación para mantener la prisión preventiva sería el riesgo de fuga, que en este caso es muy improbable por el estado de salud de Vladímir Kókorev. Pero en cualquier caso se les podría retirar el pasaporte, poner unas pulseras de localización permanente o establecer comparecencias periódicas en el juzgado. Tampoco hay peligro de destrucción de pruebas porque el secreto de sumario se ha levantado...y en cuanto a la peligrosidad, hay que tener en cuenta que no son asesinos, sino que están en prisión por un presunto delito económico".
David Romero