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El infierno de las trabajadoras domésticas en México
En México hay 2,3 millones de personas que se dedican al empleo doméstico remunerado y muchas sufren discriminación, violencia y hostigamiento sexual.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en el mundo existen al menos 53 millones de personas que realizan trabajos domésticos remunerados. Sin embargo, como muchos de esos empleos no quedan registrados de manera oficial con afiliaciones a seguros sociales o nóminas, podrían ser hasta 100 millones.
De esa cantidad, alrededor de 14 millones de personas se encuentran en América Latina. En Brasil, Chile, Panamá, Paraguay y Uruguay, el peso del servicio doméstico es similar o superior al promedio regional.
En Paraguay, un quinto de las mujeres trabajadoras —casi tres millones— realizan esa función, en Uruguay superan el 18% (más de 2 millones y medio, en Brasil alcanzan el 17 % (casi dos millones y medio cada uno) y en Chile asciende al 14%, casi 2 millones.
México no está alejado de esta realidad. El trabajo doméstico en ese país representa entre el 4 % y el 12 % del empleo asalariado, 2,3 millones de personas, asegura la OIT. Alrededor de 93 % son adultas o menores de sexo femenino, en muchos casos migrantes o indígenas. En ocasiones, enfrentan escenarios de discriminación, violencia y hostigamiento sexual, como detalla un estudio de la organización Impunidad Cero.
Ese reporte también revela que, al carecer de un contrato laboral escrito, muchas mujeres trabajan jornadas superiores a las que estipula la ley sin recibir pagas extra y no cuentan con seguridad social, aguinaldo, vacaciones o pensión. Además, muestra otros datos aún más reveladores:
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi) citado por ese documento, el valor económico de las empleadas del hogar no remunerado supera los 4.400 millones de pesos —cerca de 245 millones de dólares—, equivalente al 24,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano.
Las cifras pueden resultar económicamente atractivas, pero muchos casos son desgarradores. En la contraparte, el Ejecutivo federal aún no ha enviado al Senado mexicano el Convenio 189 de la OIT para su estudio y aprobación.
Si México dispusiera de esa normativa, las trabajadoras domésticas podrían gozar de seguridad social, contratos de trabajo, pensión e incluso prestaciones como licencia de maternidad, guardería para sus hijos o créditos para vivienda, como en otros países de América Latina.
José Luis Montenegro
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