La imagen no da pie a especulaciones. Mientras los niños corean consignas en una marcha de la oposición, sugeridas por los manifestantes, una mujer les pasa un fajo de billetes de 50 bolívares.
El video, que fue difundido en redes sociales y en cadenas de Whatsapp, apenas es la punta del 'iceberg'. Días más tarde, varios periodistas mostraron sin tapujos la presencia de infantes y adolescentes, a quienes aún les falta un buen tramo para llegar a la mayoría de edad, como "vanguardia" de las reyertas violentas.
Sin camisa, encapuchados, con piedras en las manos y en plena fabricación de cocteles molotov, los menores de edad son parte activa de las escaramuzas alentadas por la oposición contra las autoridades. ¿Los resultados? En la lista de víctimas hay al menos dos adolescentes que murieron en circunstancias aún por determinar: uno de ellos, un violinista de 17 años llamado Armando Cañizales. ¿Qué estipula la ley venezolana para este sector de la sociedad?
Revictimizar
La activista de derechos humanos y ex Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, aún recuerda que en 2004, cuando se develó un plan de magnicidio contra el entonces presidente Hugo Chávez que involucraba a paramilitares colombianos menores de 18 años, "Venezuela no los procesó ni los apresó como mayores de edad sino que se aplicó el protocolo de participación de niños en conflictos armados".
"Ni siquiera en esos conflictos tan graves Venezuela le ha dado a los niños un tratamiento duro, rígido, fuerte, aún cuando eran paramilitares. Ellos fueron repatriados a Colombia con todos los derechos de la niñez y nuestro país fue pionero en la aplicación de ese protocolo", cuenta a RT. Lo grave, apunta, es que mientras la ley establece políticas de protección, un sector político los expone.
En medios de comunicación de tendencia abiertamente pro-opositora, por ejemplo, estos muchachos han sido bautizados como "los niños de la Resistencia" y se admite que dentro de las marchas contra el gobierno "nadie se pregunta por qué están allí". Según ese mismo reportaje, muchos son infantes que llegan "pidiendo algo de comer, andan descalzos y en muy malas condiciones de higiene", por lo que se intuye que puede tratarse de niñez en situación de calle.
Los niños de la resistencia aprenden a preparar molotov y devolver lacrimógenas. La razón: tienen el estómago vacío https://t.co/1VCw9wFhG5pic.twitter.com/4mD8Qpgpxh— Revista Clímax (@revistaclimax) 9 de mayo de 2017
"En las guarimbas (protestas violentas) de 2014 -agrega Ramírez- personas con discapacidad mental fueron reclutadas para ser usadas en este tipo de manifestaciones, lo que implicó una doble victimización: la primera por su condición vulnerable y la segunda porque eran puestos al frente como carne de cañón. Si llega a determinarse quiénes están usando a estos niños, las penas van a ser bastante altas porque nuestra legislación es severa".
La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), en su artículo 32, fija claramente que ese sector tiene derecho a la integridad personal, lo que contempla "la integridad física, psíquica y moral"; los responsables de resguardarla son "el Estado, la familia y la sociedad".
En esa norma jurídica también están previstas sanciones entre uno y cinco años de prisión (artículo 261) para quienes suministren armas, municiones y explosivos a los niños, niñas y adolescentes; así como penas entre uno a tres años de privativa de libertad a los responsables de utilizar a menores de 18 años para delinquir: "cubrirse la cara y utilizar artefactos explosivos contra las autoridades es un delito en Venezuela", destaca Ramírez, quien considera que esos infantes podrían ser sujetos para una medida de protección.
Propaganda de guerra
Una periodista venezolana llamada Fanny Valbuena divulgó la imagen de un niño de unos nueve años que armaba unas bombas molotov el pasado 2 de mayo. La gráfica fue usada junto a la supuesta historia familiar del pequeño: "no tiene mamá, según relata, y su padre lo dejó al cuidado de un tío que no lo pudo ir a buscar al colegio cercano, cerrado por las protestas en La Urbina (...) Se le hizo imposible pasar a Petare por las tanquetas de la GN que ahí se encontraban, así que se quedó protestando".
Pero la historia es otra. En el programa Con el mazo dando, conducido por el diputado Diosdado Cabello, se mostró el testimonio de su familia. Su madre, sus tías y familiares denunciaron que el pequeño fue sustraído del sector donde vivía hasta La Urbina y forzado a 'posar' junto al material explosivo.
"El niño venía saliendo del colegio y esa mujer se lo llevó al niño donde estaba el desastre ese de La Urbina y lo pusieron a hacer bombas molotov. ¿Y si al niño le hubiese pasado algo? ¿Qué hubiese hecho ella? (...) ¿Por qué no agarró a sus hijos e hizo lo mismo?", protestó con furia una de las tía del pequeño, entrevistada por el canal del Estado.
"Ese niño no sabe nada, a ese niño cualquiera lo engaña hasta con cien bolívares", expuso la mujer, quien exigió ayuda al presidente Nicolás Maduro para demandar a la periodista por exponer la imagen de su sobrino al escarnio público con fines propagandísticos.
El pequeño, por su parte, también dio su versión de los hechos: "La señora me llamó, me agarró por la mano y me dijo que si quería hacerlo y yo le dije que no. Ella me dijo que a juro y me puso a hacer la cosa así, a lo mal (...) La señora me puso la gasolina y aluminio, ese papel con el que se hacen peloticas, y un trapo, y me pintó la cara con un spray blanco".
En medio de la guerra mediática contra Venezuela, las imágenes, como bien advertía Susan Sontag, "no pueden ser la medida de la transparencia de lo sucedido". Mientras la oposición lucha por mantener la crispación en la opinión pública internacional para desacreditar a Maduro, en el camino se queda el rostro desdibujados de las víctimas, convertidas en un encuadre conveniente, en una historia manipulada, en la gráfica de lo que no fue.
Nazareth Balbás