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Argentina: "Sin memoria, sin verdad y sin justicia no hay democracia posible"

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El país sudamericano estuvo conmocionado los últimos días tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a un exrepresor de la última dictadura. RT dialogó con una abogada especialista en derechos humanos.
Argentina: "Sin memoria, sin verdad y sin justicia no hay democracia posible"

El pasado 3 de mayo la Corte Suprema de Justicia argentina emitió un fallo -amparado en una ley que estuvo vigente entre 1994 y 2001- que permitió reducir la condena de Luis Muiña mediante el mecanismo de computar dos años por cada uno en prisión ('2x1'). Se trata de un exmilitar condenado por torturas y asesinatos durante la última dictadura cívico-militar en el país (1976-83). 

Esto generó una fuerte reacción popular que llegó hasta el Congreso de la Nación donde, en tiempo récord, se aprobó una nueva legislación que sostiene que la ley mencionada no puede ser aplicada a delitos de lesa humanidad. Asimismo, el miércoles 10 de mayo se llevaron a cabo masivas concentraciones en todo el país para repudiar la decisión de los jueces.

Las Madres de Plaza de Mayo, distintos diputados y otras organizaciones de derechos humanos pidieron que se les haga juicio político a los magistrados y se les destituya del cargo.

RT dialogó al respecto con Elizabeth Gómez Alcorta, abogada argentina especialista en derechos humanos y una de las defensoras de la dirigente social Milagro Sala.

Los alcances del fallo

Consultada sobre qué implicancias tiene la decisión del máximo tribunal argentino, Gómez Alcorta explicó que "tiene un alcance exclusivamente para el caso Muiña", ya que el sistema jurídico argentino "no establece que un fallo sea luego aplicable a todas las situaciones similares". De hecho recordó que un día después de la sentencia hubo "una catarata de presentaciones de los imputados en causas de lesa humanidad solicitando lo mismo" y "el rechazo hasta ahora fue absoluto".

"Esto demuestra que no es obligatorio", dijo. Aunque reconoció que "obviamente las defensas irán recurriendo esas sentencias" y luego de un "largo tiempo" llegarán nuevamente a la Corte Suprema, que tendrá que resolver en cada situación específica.

La respuesta social y política

La abogada hizo hincapié en el enorme rechazo que produjo la decisión judicial y resaltó como la acción "más importante" la "inmensa movilización de este miércoles en todas las plazas del país diciendo cuál es el piso mínimo para nuestra democracia". Gómez Alcorta analizó que "en eso está nuestro consenso social de que sin memoria, sin verdad y sin justicia no hay democracia posible".

Por otra parte resaltó la sanción de la ley que aprobó el Congreso, que "implica modificar la 24.390 (que es aquella que permite el '2x1') y dice que esta no se puede aplicar para delitos de lesa humanidad". Cabe recordar además que esa legislación estuvo vigente solo durante siete años: entre 1994 y 2001.

Finalmente remarcó que se realizó "una denuncia de prevaricato contra los tres jueces que votaron a favor del '2x1' y que el fiscal Guillermo Marijuán solicitó instruir", así como también se hicieron "varios pedidos de juicio político" a los que se sumará "la red de abogados y abogadas de derechos humanos del país", de la cual Gómez Alcorta forma parte. Por último se realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "por las víctimas del caso Muiña para reclamar frente a la ilegalidad y la violación de los derechos consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica".

La última etapa del genocidio

El Gobierno argentino, tanto en palabras del presidente Mauricio Macri como de otros funcionarios, cuestionó también el fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, para Gómez Alcorta se trató de una respuesta "tardía" y provocada por la reacción popular. "Hay que decir que al día siguiente al fallo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, salió a decir que era correcto", señaló la abogada. "Pero viendo la inmensa y multitudinaria reacción de repudio tuvieron que salir a desmarcarse", añadió.

"Este fallo es en consonancia con la política de derechos humanos que está teniendo el Gobierno desde diciembre de 2015" cuando asumió Macri, apuntó la abogada. Desde su perspectiva se ha dado "un enorme y gravísimo retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia". En particular en lo relacionado al "juzgamiento de delitos de lesa humanidad", subrayó.

También enfatizó que "es imposible" pensar que este fallo se hubiese dictado "en otro contexto político". Por el contrario, "la habilitación del poder ejecutivo de este discurso, la Iglesia católica convocando el día anterior a la reconciliación", dan cuenta del marco de la resolución.

Se trata de una "relativización de los hechos que ha vivido una comunidad a partir de discursos del presidente de la Nación y muchísimos funcionarios", añadió la entrevistada. "Estamos viviendo un claro negacionismo estatal que es la última de las etapas del genocidio", concluyó. 

Santiago Mayor

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