Mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial número 2.849, el presidente Nicolás Maduro prolongó el estado de excepción y emergencia en Venezuela por 60 días.
Según el texto oficial, citado por Globovisión, la medida se tomó porque se mantiene "el asedio contra la recuperación de la economía venezolana" y la "actitud hostil" de la oposición venezolana con el llamado al "desconocimiento de las autoridades legal y legítimamente constituidas", por lo que es deber del Estado de "defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanas y ciudadanos".
La decisión tiene su sustento en el artículo 236 de la Constitución, que faculta al presidente para declarar el estado de excepción. El decreto tendrá una vigencia de 60 días, a partir del 13 de mayo, y puede prorrogarse por el mismo plazo.
¿Qué implica?
De acuerdo al decreto, en vista de "las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político" que afectan el normal desenvolmiento del país, podrán restringirse las garantías constitucionales, establecerse regulaciones "excepcionales y transitorias" para impulsar el aparato productivo, disponerse de recursos para garantizar la inversión social y los insumos básicos del país y dictar medidas extraordinarias en materia monetaria.
El texto también faculta al Ejecutivo para suscribir "contratos de interés público" que permitan la obetención y aprovechamiento de recursos estratégicos para Venezuela; autorizar operaciones de financiamiento para proyectos aprobados por Ley de Endeudamiento; diseñar y poner en práctica "planes especiales de seguridad pública"; hacer ajustes a la Unidad Tributaria (U.T.), así como darle luz verde a la "formulación presupuestaria del Banco Central de Venezuela", ante la inhabilitación legal o judicial del órgano al que le corresponde hacerlo.
Maduro rubricó este decreto en medio de un convulso escenario político que se atiza con la negativa de la derecha a continuar en el proceso de diálogo, la violencia desatada por los sectores opositores y la obstrucción al país que representa la situación de desacato de la Asamblea Nacional (AN), que rechaza acogerse a los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Entre otras medidas que podrá tomar el presidente están la implementación de políticas en materia bancaria, financiera, alimentaria, tributaria, de gestión pública y planificación, que permitan la "aplicación estricta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". El texto será enviado a la Sala Constitucional del TSJ y es la séptima vez que se decreta.