El gobierno del presidente de Brasil, Michel Temer, ha cancelado su decreto de despliegue de tropas en las calles de la capital brasileña, informan medios locales.
"Considerando el cese de los actos de vandalismo y violencia y el consecuente restablecimiento de la Ley y el orden en el Distrito Federal, en especial, en la explanada de los Ministerios (…) queda derogado el decreto del 24 de mayo de 2017, que autoriza el empleo de las Fuerzas Armadas", indicó el Gobierno.
Este miércoles el Ejecutivo ordenó enviar tropas federales a la capital de ese país para proteger los edificios públicos de los desmanes provocados por grupos de manifestantes que participaban en una masiva protesta contra Temer.
Miles de manifestantes abarrotaron la sede del Gobierno para exigir el fin de las medidas de austeridad y la dimisión del mandatario. Las protestas, que comenzaron pacíficamente, desembocaron en violencia: los manifestantes pasaron de lanzar piedras a la Policía a prender fuego a los edificios del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda, con lo que las autoridades decidieron evacuar a todos los empleados de las sedes ministeriales federales.
Manifestaciones en todo el país
Este escenario de protestas se repite por todo el país — incluidos los alrededores de la residencia de Temer en São Paulo— y comprende además esfuerzos para paralizar el tránsito en varias ciudades brasileñas.
En Río de Janeiro, empleados públicos descontentos con la política de austeridad han mantenido enfrentamientos con la Policía, haciendo eco de las protestas que se han levantado en los últimos meses a lo largo de la nación.
El objetivo de la protesta
La marcha fue convocada por los sindicatos que exigen la renuncia del mandatario, inmerso en un escándalo de corrupción. Tanto sectores de oposición como miembros de su propia base exigen la dimisión del presidente.
La semana pasada salió a la luz una grabación que comprometería al presidente en relación a un pago de "silencio" para que no se revelaran detalles de su involucramiento en delitos de corrupción asociados al caso Petrobras.
A pesar de esto, Temer sostiene que es inocente y no pretende abandonar su cargo voluntariamente. Por otra parte, la política de austeridad del Gobierno mantiene en vilo a la población del país. Los proyectos de reforma a la seguridad social impulsados por Temer aspiran a establecer una edad mínima para las jubilaciones (65 años en los hombres y 62 para las mujeres), entre otros aspectos.