Perseguidos por un millar de integrantes del Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala, alrededor de 700 habitantes de diversas comunidades de la región gualtemateca del Petén —incluidos mujeres, niños y personas de edad avanzada— huyeron este 2 de junio hacia la frontera del estado mexicano de Campeche.
Los integrantes de comunidades asentadas durante los años del Conflicto Armado Interno (1960-1996) tuvieron que abandonar sus hogares por las órdenes de desalojo que el Gobierno de Guatemala impulsó para crear áreas naturales protegidas en la zona, una política que no tuvo en cuenta a la población local.
Organizaciones civiles de Guatemala y México denunciaron este hecho como un desplazamiento forzado, mientras que medios locales tildan a los campesinos de invasores.
#HoyenParalelo | Desplazados de El Petén, Guatemala varados en la línea fronteriza con Campeche. https://t.co/cASHmCxte7— Flash Informativo (@flashinfotuit) June 6, 2017
"Cuidar el medio ambiente"
Un juzgado del Petén dio la razón al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala y ordenó la expulsión de esas comunidades con el argumento del cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos naturales de la zona, informa el semanario mexicano 'Proceso'.
Ese organismo se niega reconocer a estas personas como habitantes de las áreas protegidas guatemaltecas de Sierra del Lacandón, Laguna Larga y Laguna del Tigre.
Un informe de la asociación civil Brigadas Internacionales de Paz (PBI) indica que el conflicto comenzó en 1986, cuando entró en vigor la Ley de Áreas Protegidas en el Petén, un territorio primordialmente selvático, pero con población rural.
Desde la creación de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM) —que tiene en su interior las áreas de Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón—, las poblaciones que habían llegado con permiso del propio Gobierno de Guatemala comenzaron a denunciar desalojos forzosos, que aumentaron a partir de 2009.
Sin embargo, es este año cuando las poblaciones desplazadas se dirigen a la frontera con el territorio mexicano debido a una nueva persecución lanzada por el Ejecutivo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, según explica a RT Enrique Vidal, integrante de la asociación civil mexicana Voces Mesoamericanas.
De acuerdo con Vidal, la protección del medio ambiente en la zona solo es una excusa porque en las áreas con riesgo de desalojo existen diversos intereses energéticos, como la extracción de petróleo y la instalación de un gasoducto que llegaría hasta México.
''Hay intereses de conservacionismo privatizador de áreas naturales donde confluyen proyectos turísticos extranjeros'', agrega el defensor de derechos humanos. De acuerdo con el documento de las PBI, los pobladores de la región también se ven presionados por finqueros y narcotraficantes, quienes intentan comprarles sus tierras bajo intimidación.
Memoria del genocidio
Enrique Vidal recuerda que los pueblos mayas de Guatemala vivieron un proceso de violencia que diversas organizaciones civiles califican como genocidio, mientras que antiguos mandatarios guatemaltecos como Efraín Ríos Montt y Otto Pérez Molina han afrontado acusaciones de crímenes de guerra.
"Más de 1.000 soldados del Ejército y elementos de la Policía Nacional Civil con helicópteros persiguiendo a las poblaciones: esto causa pavor. Estamos hablando de memoria y de capítulos no cerrados en la historia de Guatemala", recuerda Vidal.
Hace tres décadas, decenas de miles de guatemaltecos fueron recibidos en México, cuyo Gobierno promovió políticas de acogida y hasta su retorno hace 20 años. Pero hoy, de acuerdo con las organizaciones civiles denunciantes, el Instituto Nacional de Migración mexicano ha amenazado con deportar a los guatemaltecos.
Por ello, ahora que Morales y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se encuentran reunidos en Guatemala, Vidal insiste en que traten este tema de manera prioritaria y no solo aborden asuntos comerciales.
Al-Dabi Olvera