Discriminación e impedimento al libre tránsito son los argumentos que esgrime un hombre, en nombre de la sociedad civil, para pedir que se derribe el 'muro de la vergüenza' en Perú.
La muralla, de tres metros de alto y casi diez kilómetros de largo, es la que separa la opulenta urbanización Las Casuarinas, donde una casa puede rondar los dos millones y medio de dólares; y la humilde barriada de La Florida, en Villa María del Triunfo, en Lima.
El Juzgado Penal Permanente de San Juan de Miraflores admitió un recurso interpuesto por Carlos Hinostroza Rodríguez, en nombre de la sociedad civil, para solicitar la demolición del muro que impide la libre circulación de los vecinos más pobres, lo cual atenta contra un derecho consagrado por la Constitución, refiere el portal de La República.
Hinostroza, abogado y dirigente vecinal, informó a finales de mayo de este año que preparaban la demanda contra el muro por considerarlo un acto de discriminación para con los vecinos de Villa María del Triunfo.
De acuerdo a lo que contempla el recurso, el titular del juzgado deberá trasladarse al lugar el próximo 15 de junio, a las 9:00 de la mañana, para constatar si hay una violación de un derecho constitucional, tal como lo han denunciado durante años los habitantes de La Florida sin que, hasta ahora, hayan surtido efecto las demandas.
Según el diario peruano, el alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek de Prado y Figueroa, y el procurador de esa zona deberán acudir al juzgado para colaborar con las investigaciones. El juez que lleva la causa considera que existen "motivos razonables" para evaluar el caso a nivel jurisdiccional.
Muro de vieja data
El muro existe desde 1985 y, desde entonces, ha ido expandiéndose con la anuencia de las autoridades locales. El argumento que tuvieron los precursores de la edificación -y que persiste hasta hoy- era que el crecimiento desmedido de las zonas marginadas, tan cerca de la urbanización, terminaría por "devaluar" el precio de las casas de lujo de Las Casuarinas.
Por esa razón, el recurso interpuesto por Hinostroza es directamente en contra del alcalde, quien habría autorizado la ampliación del muro en 4,5 kilómetros de longitud, refiere la agencia Andina: "Toda autoridad está impedida de discriminar por condición económica", alega el demandante.
Una de las razones que la municipalidad ha planteado para defender la existencia de la muralla es que obedece a un acuerdo suscrito entre la actual alcaldesa del distrito, Silvia Barrera, y la ex burgomaestre de Villa María del Triunfo.
Según el portal Perú 21, el juzgado también ha previsto que la Superintendencia de Bienes Nacionales demuestre la titularidad y cesión del Parque Ecológico.