En México, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía está acusado de practicar experimentos en humanos que sufren hidrocefalia. Aproximadamente a 500 personas se les colocó un implante en el cerebro en fase experimental. Debido a que no existió consentimiento por parte de los pacientes, los demandantes han considerado el caso como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, el hospital lo niega y asegura que las denuncias son falsas.
Los datos se conocen después de las pesquisas del doctor Rodolfo Ondarza, quien se percató mientras trabajaba en el Instituto de que a pacientes con hidrocefalia se les había colocado un implante cerebral en fase experimental: el denominado 'sistema de derivación ventrículo-peritoneal de flujo continuo', que fue creado por el exdirector del centro y doctor Julio Sotelo. Él ha denunciado estos casos y, por ello, dice que fue amenazado de muerte y sufrió una tentativa de homicidio.
"Nunca me dijeron nada"
Según Ondarza, Sotelo patentó el dispositivo sin investigación previa en animales y lo colocó en humanos sin carta de consentimiento firmada por los pacientes intervenidos. "Nunca me asistieron ni me dijeron que era un experimento y que se lo estaban poniendo. Nada, nunca me dijeron nada", cuenta a RT Juan Manuel Armenta, esposo de una paciente afectada.
Armenta asegura que a Yolanda, su mujer, le colocaron el implante del doctor Sotelo y relata que, desde entonces, ha sufrido un grave deterioro físico y mental, cambiando su vida para siempre. "Todos los días tengo fuertes dolores de cabeza. Hay días que tengo mucha depresión, pero le hecho ganas. Pero hay días que me quiero mejor morir", dice entre lagrimas Yolanda, quien tiene que dormir semisentada para que el implante funcione. Antes era deportista, pero ahora dificilmente puede caminar o articular palabras.
Experimento impune
En cuanto a su deseo, Yolanda lo tiene claro: "Quiero una vida mejor y que paguen el delito que hicieron". En palabras de los afectados y quienes los apoyan, existen pruebas que el caso fue documentado por diferentes organismos, como la Procuraduría General de la República (PGR), pero nadie denunció los hechos.
"Este es un dictamen de la PGR y este otro es un dictamen pericial de la Secretaría de la Función Pública a través del órgano interno de control del mismo Instituto Nacional de Neurología", cuenta Ondarza mostrando los documentos. "En ambos está muy claro que existe mal praxis médica y que este es un experimento que jamás debió llevarse a cabo en seres humanos", añade.
Por su parte, el doctor Julio Sotelo, hizo llegar a RT una carta en la cual afirma que ninguno de los pacientes referidos formó parte de la investigación original, puesto que fueron atendidos varios años después. Y , desde hace diez años, los transcurridos cuando Ondarza fue cesado del Instituto, ha buscado pacientes en estado grave para animarlos a demandar a médicos y autoridades. Además sustenta que en la investigación participaron 32 enfermos y que los resultados fueron detallados en una publicación médica de reconocimiento mundial.