Durante el 163.º Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se celebró del 3 al 7 de julio en Lima (Perú), el Estado mexicano reconoció dos elementos que descartan la versión oficial emitida por la Procuraduría General de ese país (PGR) en el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
En esas audiencias se supo que en la medianoche del 26 de septiembre de 2014 y en días posteriores los chips o los dispositivos móviles de 9 de los 43 normalistas registraron actividad cuando, presuntamente, ya estaban incinerados en un basurero.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseguró que esta información confirmó "la imposibilidad" de la llamada 'verdad histórica' de la PGR —cuya hipótesis detallaba que a esa hora los estudiantes ya estaban muertos— y cuestionaron "por qué no se hizo este rastreo desde octubre y noviembre de 2014".
En esa audiencia de oficio, los representantes del Gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, también admitieron que investigan el trasiego internacional de drogas en los autobuses en los que viajaban los desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
A este respecto, el Centro Prodh recordó que "los abogados de las familias indicaron que el llamado quinto autobús sí hizo el recorrido conforme a lo dicho por los normalistas desde el principio del caso", mientras que el Estado mexicano afirmó "ante los tribunales" que "se quedó afuera de la terminal, vandalizado por los estudiantes".