Esta semana no fue. Aunque se había dicho que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidiría en cinco días el destino de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no ocurrió.
En la convulsa coyuntura política en Venezuela, ese hecho no es menor. Ortega Díaz ha estado en el epicentro de la polémica desde hace meses, cuando decidió oponerse a la convocatoria Constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro; parcializarse a favor de la derecha y asegurar que en el país suramericano se había roto el "hilo constitucional". La jugada del TSJ es clave: ¿a qué se debe el retardo?
3) #VEA ..entramado de mentiras e infamias para hollar la honorabilidad del Poder Ciudadano quedo #CIENTIFICA y #MORALMENTE desenmascarada pic.twitter.com/BrUgAZL17n— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 14 de julio de 2017
Situación delicada
La abogada constitucionalista María Alejandra Díaz arroja una hipótesis sobre la postergada decisión de la Corte: "puede deberse a que el TSJ ha ordenado recoger distintas pruebas para sustentar el caso y por eso ha tardado más de los cinco días que ellos determinaron para tomar la decisión final".
La figura que ha realizó la acusación contra Ortega Díaz fue el diputado socialista Pedro Carreño, pero el testigo vital en el proceso es el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien preside el Consejo Moral Republicano.
Como todo el conflicto se agudizó cuando la Fiscal dijo no haber estado de acuerdo con la designación de los magistrados del TSJ, el Defensor es quien ha salido con las pruebas que demuestran que Ortega Díaz sí avaló el nombramiento en las actas del Consejo Moral Republicano. Ese hecho es el que podría costarle el cargo a la titular del Ministerio Público.
La prueba del polígrafo es tan cuestionada como la tortura. Acá mi opinión pic.twitter.com/1lM8NwLIvP— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 15 de julio de 2017
Sin embargo, la eventual remoción es delicada, considera Díaz: "en este momento, donde hay una alta crispación social, creo que sería bastante complicado sobre todo a nivel internacional, que no conocen a detalle la situación interna venezolana. No hay que olvidar que ella tiene el monopolio de la acusación penal".
Impunidad vs. Crisis institucional
La jugada está en tres y dos. Díaz advierte que la actitud "indefendible" de la Fiscal, tiene al país en una encrucijada en la que "hay que ponderar entre condenar la impunidad que se vive por la inacción (de Ortega Díaz) o abrir un posible escenario internacional en el que se declare a Venezuela como un Estado fallido".
Esa última opción podría acarrear a "sanciones más severas" que las que ya le aplican a Caracas, considera Díaz. Al respecto, la jurista Olga Álvarez disiente: "al remover a una titular que es hostil con el resto de las instituciones, que no garantiza el cumplimiento de las garantías constitucionales, se logrará restituir el equilibrio institucional y con ello, la justicia y la paz que requiere el país".
Para Álvarez, "si el TSJ no observa la visible conducta violatoria de la ética por parte de la Fiscal General, se mantendría la impunidad". La abogada afirma que no ha habido retardo en la decisión sino que el proceso ha cumplido con las experticias solicitadas "para incorporar elementos de convicción en el expediente".
Verdad al polígrafo
El viernes pasado Saab informó que las pruebas grafológicas a las actas del Consejo Moral Republicano determinaron la autenticidad de la firma de la Fiscal y el sello del Ministerio Público el proceso de designación de los magistrados.
No obstante, el máximo tribunal ha solicitado más pruebas antes de decidir. Este lunes, tanto Saab como Ortega Díaz y el Contralor General, Manuel Galindo, serán sometidos al polígrafo, en su carácter de miembros del Consejo Moral. Es decir: la decisión podría postergarse aún más.
El hecho más controvertido es la negativa de la Fiscal a asistir a su propio antejuicio de mérito. Es más, este sábado aseguró que no se someterá a la prueba del polígrafo por ser supuestamente "violatoria de los derechos huamanos". Así, mientras ella califica el proceso como "un circo", sus colegas del Consejo Moral Republicano insisten en que es necesario para desentrañar un "entramado de mentiras e infamias" contra el organismo colegiado. El jaque está en manos del TSJ pero, por ahora, los hará esperar.
Nazareth Balbás