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El fiscal general de EE.UU. le declara la guerra al crimen y sugiere reintroducir las confiscaciones

Publicado: 18 jul 2017 03:19 GMT

Jeff Sessions propone fomentar "las políticas proactivas" en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.

El fiscal general de EE.UU. le declara la guerra al crimen y sugiere reintroducir las confiscaciones
Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos
James Lawler Duggan / Reuters
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El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, instó a ejercer una política más proactiva en la represión de las pandillas, la lucha contra el uso de las armas, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal, y respaldó la práctica de la confiscación de activos.

Sessions resumió la estrategia de la lucha contra el crimen de la Administración Trump en su discurso ante la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito que tuvo lugar este lunes en Minneapolis.

"En este momento tenemos ante nosotros una batalla de varios frentes: un aumento de la delincuencia violenta, un aumento de las pandillas agresivas, una epidemia de opioides, y las amenazas del terrorismo y de los traficantes de personas, junto con una cultura en la que la familia y la disciplina parecen estar erosionándose cada vez más", destacó Sessions.

Nuestro objetivo no es reducir la inmigración ilegal, sino poner fin a la inmigración ilegal

Para hacer frente a todos estos desafíos, el Departamento de Justicia fomentará "las políticas proactivas basadas en la comunidad y las 'ventanas rotas', políticas que son legales y que han demostrado que funcionan".

"Nuestro objetivo no es reducir la inmigración ilegal, sino poner fin a la inmigración ilegal", dijo el fiscal general, que señala que los esfuerzos del Gobierno para incrementar la seguridad fronteriza ya están "cambiando la corriente".

La observación de Sessions que despertó más polémica fue el plan del Departamento de Justicia de impulsar la controvertida práctica de confiscación de activos, mediante la cual el Gobierno confisca bienes de sospechosos sin juicio ni condena.

Bajo el llamado 'programa de distribución equitativa', el Gobierno federal permitiría que la Policía estatal y local se quedara con una parte de los bienes que confiscan, de manera que muchos departamentos de Policía podrían acabar dependiendo del programa como fuente de ingresos.

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