La norma no resistió la presión popular. Apenas tres días después de que entrara en vigor la polémica prohibición que el Tribunal Constitucional impuso a sus empleados, han tenido que revocarla. Se trataba de una circular que informaba que no estaba permitido el uso de minifaldas, blusas transparentes, escotes, pantalones ajustados, vaqueros y botas largas, entre otras prendas, durante los horarios laborales de lunes a jueves. Sin embargo un rechazo generalizado de esta norma ha acabado obligando al Tribunal Constitucional ha dar un paso atrás y dejarla sin efecto.
El propio vicepresidente del país, Álvaro García Linera, había calificado la norma de "ridícula", "fallida" y "absurda", y ha celebrado que el Tribunal Constitucional haya retrocedido en su aplicación. "Era una restricción cargada y llamada a controlar la indumentaria de la mujer, lo que denota un tipo de pensamiento no solamente machista, sino patriarcal y discriminatorio", declaró García Linera a los medios en su país.
La norma revocada también prohibía el uso de pantalones estampados, chaquetas de cuero, camisetas, vestidos cortos y zapatillas deportivas mientras exhortaba a los empleados a vestir de manera "formal y discreta", advirtiendo que el incumplimiento de la instrucción daría lugar a la aplicación de sanciones.
Además del rechazo generalizado, patente en las redes sociales y los medios de comunicación, la decisión del Constitucional podría haber generado consecuencias legales: el Viceministerio de Descolonización ya estaba preparando la documentación necesaria para interponer un recurso, tal como indicó también el vicepresidente García Linera.