Cualquier persona que haya salido de la Ciudad de Buenos Aires en dirección hacia el sur, o viceversa, puede atestiguar sobre el imponente olor que emanan los componentes tóxicos vertidos en la Cuenca Matanza Riachuelo —así es su nombre oficial—. Sin embargo, el aroma es lo menos grave: "En un río limpio, los valores de oxígeno están entre los 8 y 12 miligramos por litro, si se registran menos de 5 el estado de las aguas es intolerable. En la desembocadura del Riachuelo se registran valores de 0 miligramos, por eso, lo que menos tiene el curso de este río es agua; la sustancia viscosa y negra de su cauce es un compuesto de líquidos industriales", destacan Maristella Svampa y Enrique Viale en su libro 'Maldesarrollo'.
En otro fragmento señalan que, de los 4 millones de habitantes que residen cerca del río más contaminado de Argentina, "el 35% no tiene agua potable y el 55% no posee cloacas". En 2010, el Ministerio de Salud de la nación ya había indicado que el 96,4% de la población del Riachuelo estaba expuesta al riesgo ambiental, el 33,3% padecía problemas gastrointestinales y el 26% sufría dificultades respiratorias. Viale, actual presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, le explica a RT que el panorama todavía no cambió: "Fuimos críticos con el Gobierno anterior, pero con esta Administración se ha paralizado prácticamente toda clase de acción en la cuenca".
Falsas promesas
La limpieza de este ambiente contaminado al servicio del capital fue utilizado como promesa de campaña por una incontable cantidad de fuerzas políticas a lo largo de la historia. Pero las iniciativas siempre se quedaron quietas, como el líquido espeso que bordea la Capital Federal. Sin embargo, este miércoles el presidente Mauricio Macri anunció el comienzo de unas obras para evitar que los residuos domiciliarios sigan cayendo al Riachuelo, que le demandarán 1.200 millones de dólares al poder ejecutivo, pero también contarán con 840 millones prestados por el Banco Mundial. Tras el lanzamiento, las autoridades informaron que la construcción del nuevo túnel para desviar y tratar los desechos "tendrá un plazo de cinco años".
A pesar de ello, Viale advierte: "Es el 'marketing' típico de este Gobierno, en realidad es parte de un proyecto que venía ya desde hace un tiempo en el marco del Plan Integral del Saneamiento Ambiental (PISA)". Al respecto, el abogado señala que no se trata de una medida gubernamental, sino más bien del acatamiento de "un fallo de la Justicia", que ordenó sanear el espacio. En efecto, un grupo de 120 vecinos del barrio porteño de La Boca demandó al Estado por la contaminación del agua y sus drásticas consecuencias. En 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) les hizo notar a las autoridades de la Ciudad y provincia de Buenos Aires, y la nación, sus falencias por tener uno de los ríos más dañinos del planeta: ordenó su regularización.
Para lograrlo, solicitó crear la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), dependiente del Estado Nacional, provincial y también de la capital del país. Su principal dificultad fue que al comienzo convergían distintas fuerzas políticas, pero desde el 2015 gobierna el mismo partido político en los tres niveles territoriales involucrados: Cambiemos. Sin embargo, Viale alerta: "Empeoró de un gobierno a otro —kirchnerismo a macrismo—, hay tantas cosas que no sé por dónde empezar, en materia de vivienda, salud y por supuesto con seguir ensuciando el río". Sobre este punto, añade que "las compañías siguen contaminando", y destaca que "no reciben sanciones".
En cuanto a la actitud de las empresas en el conflicto ecológico, el experto detalla un mecanismo habitual: "Hay un tope de contaminantes permitidos por porcentaje de agua, entonces para aprobar eso, lo que hacen es diluirlos. Es decir, agregarle agua a esas proporciones, pero la cantidad de contaminantes sigue siendo la misma". También se explaya sobre las falencias legislativas: "Con los niveles de efluentes permitidos en el río, no se admite la vida acuática. Nuestra conclusión es que, si se sigue así, el Riachuelo siempre estará contaminado".
Algunos de los elementos presentes en el ecosistema son amoníaco, arsénico, plomo, níquel, cromo, cobre, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, zinc, cobalto y plaguicidas, pero la lista continúa. A pesar de ello, el estado de la situación no indigna a la sociedad argentina, ni mucho menos al poder político y empresario. Consultado para este artículo, allegados al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman, dijeron que "tiene la agenda muy llena" para contestar las preguntas de RT. Por su parte, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, prefirió no opinar al respecto, aunque el silencio dice más que sus palabras.
Mientras tanto, en las cercanías del Riachuelo "se triplica la mortalidad infantil de la Ciudad de Buenos Aires" —aproximadamente 20 muertes cada 1.000 nacimientos—, resalta Viale, mientras enumera decenas de leyes locales e internacionales violadas en esta zona, de las cuales se destacan "los derechos a la niñez, la salud y la vida".
Sobre los orígenes de este contexto adverso, el experto menciona que "el Riachuelo está contaminado desde el nacimiento de Argentina, en el siglo XIX, donde se destacaba la presencia de saladeros", y suma: "Es una historia que se repite, con las empresas más grandes del país junto a los más vulnerados". A su vez, opina que "por décadas esa contaminación financió campañas electorales de los 'Barones del Conurbano' (gobernadores provinciales) y por eso nunca se termina de arrancar", y finaliza: "No estoy diciendo que no se hizo nada, porque eso no es cierto, pero sigue siendo uno de los lugares más contaminados del mundo".
La respuesta oficial: seguirá sucio por décadas
"No sabemos cuándo va a estar limpio el Riachuelo", le responde a RT el equipo de prensa de ACUMAR, para dejar atónito a más de un lector. La contestación presenta más dudas que certezas, pero se justifican: "Todos los casos conocidos de ríos contaminados en el mundo tuvieron procesos de recuperación de muchos años". Y todavía van más allá: "No hay tecnología en el mundo que pueda sanear un curso de agua al que se le vierte tanta contaminación como a este, si primero no se deja de arrojar en él contenidos tóxicos. Estos procesos en todo el planeta llevan décadas y no hay soluciones mágicas".
Por otro lado, señalan que la zona cuenta con "13.000 establecimientos, pero 220 de ellos concentran más del 80% de los vertidos contaminantes", y destacan: "Vamos a trabajar sobre ellos como autoridad, utilizando multas y clausuras como herramientas, pero reconociendo que muchas veces son empresas que generan puestos laborales en la zona o insumos necesarios". Aunque las sanciones no suenen muy restrictivas, en la web oficial de ACUMAR publicaron el año pasado un listado con 931 empresas declaradas 'agente contaminante', que "son intimadas a presentar e implementar un Plan de Reconversión Industrial que les permita operar dentro del marco legal ambiental", pero no especifican si cumplieron la imposición. Sin embargo, Viale remarca que los focos más críticos de alteración siguen siendo "Lanús, Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires".
A pesar de sus explicaciones, el ente oficial despierta enormes críticas en el Cuerpo Colegiado, organismo conformado por agrupaciones sociales al cual la Corte Suprema le dio facultades para controlar los avances. En el informe titulado 'ACUMAR: más estancada que el agua del Riachuelo', la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) concluye: "La alta rotación de funcionarios impidió el avance de las acciones y la regularización de la situación administrativa de ACUMAR, que en un año ha tenido tres presidentes y ejecutó el 50% de su presupuesto". En realidad, los titulares de este año ya son cuatro; el 18 de julio asumió el cargo Dorina Bonetti, el día anterior se oficializó la renuncia de Gladys González, quien ya se postula a senadora nacional.
Además, el documento solicita: "La Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y los 14 municipios que integran el territorio de la cuenca deben hacer propio el proyecto de recomposición y ACUMAR debe asumir un rol de articulador de las acciones combinadas de todos ellos, logrando así una política de Estado para el saneamiento del Riachuelo".
Plomo en la sangre
En el medio de los litigios judiciales, las disputas políticas y manejos de cajas multimillonarias, están las personas, y este es otro caso donde los más perjudicados son también los más pobres. Por eso, la Justicia ordenó la relocalización de 1.334 familias que se encuentran a la vera del agua estancada, y puso como año tope el 2013. Su incumplimiento lleva cuatro años. Uno de los vecinos que tendría que mudarse por vivir a menos de 35 metros del Riachuelo es Mario Alberto Gómez, quien a su vez es delegado de su barrio en los debates por este conflicto.
Mario es argentino, tiene 60 años y hace 42 que vive en la Villa 21-24. Llegó desde la provincia de Jujuy, al extremo norte del país, en busca de un futuro mejor: "Si bien Dios está en todas partes, solo atiende en Buenos Aires", menciona el típico dicho local. Como en muchos otros barrios humildes de la ciudad, años más tarde comenzaron a llegar personas de países limítrofes, aumentando considerablemente su población. "Cuando llegué al Riachuelo era como es ahora, pero uno desconocía el grado de contaminación", admite.
El perjudicado comenta que "el barrio creció exponencialmente, es inmenso", y añade: "Calculamos que hay unas 80.000 personas, es un pueblo aparte en medio de la ciudad". Mario se enorgullece sobre cómo desarrollaron el lugar: "Lo hemos construido nosotros, con solidaridad pusimos algunos servicios, aunque la luz da problemas porque no aguanta para todos".
Sobre la mudanza que no llega, destaca que "lo más prejudicial es el 'mientras tanto'". Al respecto, el Gobierno de la Ciudad debería garantizar el otorgamiento de viviendas regulares dentro de su territorio, porque así lo resolvió la Corte Suprema. Hasta ahora, solo algunas familias fueron relocalizadas: "Conseguimos cinco predios para la construcción de viviendas, 107 familias ya están instaladas", informa el hombre. Cabe destacar que las propiedades no serán regaladas, sino que serán vendidas con flexibles planes de financiamiento.
Sin embargo, Mario critica al oficialismo porteño —gobernado hasta 2015 por Macri y después por Horacio Rodríguez Larreta, del mismo partido—: "La Ciudad es incumplidora serial, hace nueve años que gobiernan los mismos y mantiene su población estable desde hace más de 50. Tiene más de 350.000 viviendas ociosas, es muy prejuiciosa con los humildes y eso hay que decirlo".
Para comprender la urgencia de la situación, describe: "Acá hubo muchos casos de cáncer, de distintas variantes. Varios chicos con anemia, problemas cognitivos y conflictos en el crecimiento psicofísico, producto del plomo en sangre y los químicos que están en el agua. Los médicos relacionaron las enfermedades con la contaminación".
Previamente, ACUMAR le dijo a RT que "el 70% de la contaminación es de origen domiciliario", información que enfada al entrevistado: "Nosotros no somos los que contaminaos el río", vocifera, y suma que "fue el Gobierno de la Ciudad el que construyó cloacas que desembocan en el Riachuelo, sin ir más lejos, este año lo hicieron en la manzana 25 del barrio".
Así las cosas, cuando un vecino va al baño a hacer sus necesidades básicas, los desechos naturales se dirigen al río más contaminado del país. El Riachuelo desemboca en el Río de la Plata, y desde allí Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) obtiene el fluido que luego es redistribuido hacia millones de hogares metropolitanos. Aunque no haya motivos para desconfiar del proceso potabilizador, el autor de este artículo dejará de consumir agua del grifo.
Leandro Lutzky