La actualidad mexicana se ha caracterizado por la corrupción y la impunidad de su clase política. Los casos de los gobernadores Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), Rodrigo Medina (Nuevo León), César Duarte (Chihuahua), Guillermo Padrés (Sonora) o los casos de soborno que la empresa brasileña Odebrecht hizo a funcionarios de Pemex son apenas la punta de un iceberg cuyo cuerpo está formado por funcionarios de todos los niveles e instituciones. Algunos organismos nacionales e internacionales han estimado que las pérdidas económicas generadas por la corrupción equivalen al 10% del PIB (el promedio mundial es del 2%) que se distribuyen en casi cinco millones de actos de corrupción anuales.
Debido a esta problemática se ideó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que ha entrado en funcionamiento el pasado 19 de julio. El SNA está conformado por siete instituciones: la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el recién creado Comité de Participación Ciudadana y, por último, la Fiscalía Anticorrupción.
La colaboración en equipo es fundamental para el SNA, pero hay dos integrantes de este entramado que tienen una particular relevancia y que han llamado la atención pública: el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y la Fiscalía Anticorrupción. El CPC está integrado por cinco ciudadanos y académicos de reconocido prestigio que fueron seleccionados mediante una convocatoria y auscultación pública que buscó dar certidumbre sobre el perfil ciudadano de los integrantes. Entre las funciones del CPC está proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación. De igual manera será el órgano que vigilará el correcto funcionamiento del SNA y fungirá como una especie de enlace entre organizaciones sociales y académicas y las instituciones gubernamentales.
Una problemática que podría surgir de la función que desempeña el CPC es que sus informes serán recomendaciones para mejorar en la prevención de la corrupción, pero no existe obligatoriedad entre esas recomendaciones y su implementación expedita en las estructuras de la SNA. Se corre el riesgo de que las funciones del CPC no tengan el alcance deseado al no estar planteadas las formas y tiempos en que deban ser ejecutadas o la obligación de cumplir con esas recomendaciones. Para la presidenta del CPC, Jacqueline Peschard, esta es la cabeza del SNA, pero cabe preguntarse cuál podría ser el alcance real de las propuestas anticorrupción sin un cuerpo que realice o un brazo que ejecute las ideas de esa cabeza. El fantasma de la versión 'light' de la 3de3 que aprobó el Congreso en 2016 está en el aire para recomendaciones futuras.
La Fiscalía Anticorrupción es el otro punto de debate en el SNA ya que seguirá vinculada en muchos aspectos operativos a la Procuraduría General de la República (PGR) en áreas de investigación o en el nombramiento de los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación de las denuncias por corrupción.
El procurador general, Raúl Cervantes, ha sido diputado y senador por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y nombrado en su cargo actual por el presidente Enrique Peña Nieto. Este funcionario es el que debe investigar la corrupción de gobernadores y funcionarios emanados del PRI, partido político del presidente y de él mismo. ¿Se puede ser juez y parte de algún caso de corrupción o de justicia en general? Evidentemente no. La Fiscalía Anticorrupción nace atada de pies y manos y con evidentes conflictos de interés lo que permitiría, además de la corrupción, la impunidad de funcionarios.
El conflicto de interés es tan abierto que ni siquiera se ha podido nombrar al titular de la Fiscalía. Tal como ha pasado con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el INAI, dos organismos que presumen ser autónomos y de carácter ciudadano, la designación del fiscal anticorrupción parece ser una repartición de cuotas entre los principales partidos políticos. Esas cuotas han abonado al descrédito de instituciones pilares para la calidad de la democracia mexicana. Funcionarios de organismos autónomos no parecen responder a las exigencias de la sociedad, sino que sus jefes terminan siendo los partidos políticos que los propusieron. Las actuaciones del INE en materia de fiscalización electoral son un fracaso que han reconocido por igual miembros de los partidos políticos principales, analistas políticos y anteriores funcionarios electorales.
La falta de nombramiento de un Fiscal Anticorrupción que tiene un perfil ya definido y durante un proceso de más de tres años es un comienzo que siembra dudas justificadas sobre un personaje que antes de ser designado ya tiene comprometida su autonomía en una negociación política y con una procuración de justicia parcial y viciada en su origen. La corrupción mexicana ha ido ligada a la impunidad de sus políticos y si la prevención a lo largo plazo es más que necesaria, el estado actual en la materia exige de forma inmediata una política de cero tolerancia a la impunidad.
Javier Buenrostro