El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, comparece este miércoles en la Audiencia Nacional para ser interrogado como testigo sobre la primera etapa de la trama Gürtel, que juzga una red de concesiones y contratos públicos fraudulentos, entre 1999 y 2005, en varias regiones y municipios en los que el PP gobernaba con mayoría absoluta en esos años. El tribunal deberá, además, determinar hasta qué punto el propio partido se benefició de parte del dinero sustraído para financiar ilegalmente sus actividades.
Se trata de la primera vez que un presidente del Gobierno español acude a declarar en un juicio oral, aunque solo sea en calidad de testigo. La decisión fue acordada por el tribunal el pasado mes de abril, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado habían considerado "inútil" y "redundante" citar a Rajoy, argumentando que tanto la 'caja b' del PP como el beneficio obtenido por este partido "ya estaban acreditados".
Rajoy, secretario general del PP durante la época juzgada
La Audiencia Nacional asumía así la petición de la acusación popular Adade (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), que considera que Rajoy fue secretario general del partido, entre otros cargos, en la época que se juzga y, por tanto, debía conocer las actividades del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
"Rajoy no puede mirar para otro lado porque él era el responsable político en aquellos momentos", explica a RT Mariano Benítez de Lugo, el presidente de Adade, que presentó varios escritos al tribunal, tanto en la fase de instrucción como en la apertura del juicio, pidiendo citar como testigo al presidente del Gobierno.
Benítez de Lugo será uno de los encargados de interrogar este miércoles al presidente español. Aunque no quiere desvelar su estrategia, el abogado subraya uno de los hechos más importantes de este caso: "Se ha evidenciado que el tema no era una trama contra el PP, sino que era la auténtica trama del PP para conseguir dinero para sus campañas electorales, para conseguir donaciones ilícitas, con dinero en efectivo, por parte de empresarios y constructores".
Concentración para pedir la ilegalización del PP
La comparecencia de Rajoy ha suscitado un gran interés mediático. Alrededor de 300 periodistas de más de 80 medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, están acreditados para seguir la declaración del presidente del Gobierno. La sede de la Audiencia Nacional estará protegida por un fuerte dispositivo policial, que vigilará con especial atención la concentración convocada por la Coordinadora 25-S.
Conocida por las protestas que rodearon el Congreso en el año 2012, el objetivo de la plataforma es pedir la ilegalización del PP, al que definen como el "el partido de la mafia". Bajo el lema "Nos mean y dicen que llueve", los organizadores han solicitado a los asistentes que acudan con un paraguas para simbolizar sus quejas.
"Rajoy es el presidente de un partido que desde los 90 se ha presentado a 16 elecciones con financiación ilegal. Es complicado que este señor no supiese lo que estaba pasando en su partido, porque ha sido ministro, secretario general, líder de la oposición y ha organizado las campañas electorales", denuncia a RT Ramón Walsh, portavoz de la coordinadora, que recuerda que el PP tiene más de 800 cargos imputados en diversos casos de corrupción.
La primera etapa de la Gürtel (1999-2005)
El juicio de la primera etapa de la Gürtel, que comenzó el pasado mes de octubre, juzga las operaciones que el presunto cabecilla de la red, el empresario Francisco Correa, desarrolló entre los años 1999 y 2005 con ayuda del exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo. Entre miembros de la trama, familiares, políticos y empresarios, se sientan en el banquillo un total de 37 personas, entre ellas, la exministra de Sanidad Ana Mato y el extesorero del PP Luis Barcenas.
Según la Fiscalía, Correa y Crespo organizaron un entramado de sociedades, utilizando sus contactos con responsables del PP, para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, mediante el pago de comisiones y dádivas, y ocultaron además al fisco las ganancias, que ascienden a más de 40 millones de euros.
Posteriormente, el cabecilla de la red habría supuestamente sufragado de manera indebida campañas electorales del PP. Estas actividades se llevaron a cabo en regiones y municipios donde la formación política tenía mayoría absoluta en aquellos años: las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, los municipios de Estepona, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, así como en la capital española.