La crisis diplomática y el boicot económico y comercial a los que ha sido sometido Catar por parte de varios países de la región no serán un impedimento para avanzar con las obras de infraestructura para albergar el Mundial de fútbol de 2022. Así lo han afirmado las autoridades de Doha, que han detallado que los insumos para la construcción que les niegan sus vecinos serán provistos por otras naciones.
"Para cada desafío que enfrentamos, aparecen soluciones", explica Hassan Al Thawadi, secretario general del Comité Organizador, al portal Bloomberg, agregando que ya han comenzado a trabajar con los contratistas para buscar "soluciones y alternativas" a "largo plazo".
En ese sentido, Catar buscará conseguir insumos producidos en países ajenos al conflicto. Por ejemplo, el acero saudí será reemplazado por el malasio, mientras que Omán entregará materiales que, en principio, iba a proveer Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, China aportará buena parte de los elementos que permitirán la construcción de las gradas.
Así intentarán superar el boicot regional que puso en duda la viabilidad de la construcción de ocho estadios, redes ferroviarias y una nueva ciudad para albergar el campeonato.
"La Copa Mundial es un proyecto de vida o muerte para Catar. Es una cuestión de prestigio y de orgullo nacional", asegura Abel Abdel Ghafar, del Brooking Doha Center.
Costos y demoras
Sin embargo, estos cambios han derivado en un aumento de los costos, proyectados inicialmente en 200.000 millones de dólares para los nuevos estadios, 35.000 millones para el metro y el sistema ferroviario junto a una nueva ciudad para 200.000 personas; además del retraso en algunos trabajos que, según Al-Thawadi, no afectarán el esquema general de las obras.
La crisis comenzó luego de que el 5 de junio pasado Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin y Egipto rompieran relaciones diplomáticas con Catar, tras acusarla de financiar a grupos terroristas. Otros países, como Yemen, Libia, Maldivas, Mauritania y Mauricio se sumaron luego a la medida, que el gobierno de Doha califica como "injustificada".