Exigen al Pentágono desclasificar un informe sobre "abuso sexual infantil" de las fuerzas afganas

Si hay información "creíble" sobre presuntos abusos sexuales de niños por parte de las fuerzas afganas, Washington no debería proporcionar más asistencia de seguridad a Kabul, reclama un organismo.

El Pentágono debería desclasificar un informe sobre presuntos abusos sexuales de niños por parte de las fuerzas de seguridad afganas, y si hay información "creíble" sobre las reclamaciones, Washington no debería proporcionar más asistencia de seguridad a Kabul, reclama la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR, por sus siglas en inglés) de EE.UU. en su informe trimestral.

El organismo explica que en junio presentó al Congreso de EE.UU. un informe de evaluación que se refería a "denuncias de abuso sexual de niños por parte de miembros de las fuerzas de seguridad de Afganistán" y discutía "hasta qué punto EE.UU. responsabiliza" a las fuerzas afganas por las presuntas acciones.

Sin embargo, el Departamento de Defensa de EE.UU. "clasificó gran parte de la información en la cual se basa el informe de la SIGAR", por lo cual el organismo de control insta a desclasificar este documento "para que pueda ser presentado al público".

La oficina recuerda que la Ley Leahy de EE.UU. prohíbe prestar apoyo militar a unidades extranjeras si hay "información creíble" de que han cometido "una grave violación de los derechos humanos".

Autoridades afganas, cómplices en la explotación sexual y el reclutamiento de niños 

Según el organismo, las autoridades afganas son cómplices en la comisión de graves crímenes, "especialmente en la explotación sexual y el reclutamiento de niños por las fuerzas de seguridad" de este país.

Asimismo, denuncia que los esfuerzos de protección a las víctimas "siguieron siendo inadecuados", ya que todos menos un refugio para las víctimas de la trata administrados por el Gobierno "permanecieron cerrados durante el período que abarca el informe".

Además, la SIGAR acusa al Gobierno afgano de no desarrollar o emplear "procedimientos operativos estándar para la identificación de víctimas" o para su envío a servicios de rehabilitación, una situación que a menudo da lugar "a la detención y el enjuiciamiento de las víctimas de trata como delincuentes por parte del Gobierno", denuncia el informe.