¿"Feminismo exacerbado" o machismo insensible?: El aborto en México es un derecho de clase

El Senado de Chile aprobó el mes pasado el proyecto de ley del Gobierno de Michelle Bachelet que despenaliza el aborto en tres causales: cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, cuando la vida del feto no es viable y cuando la mujer ha sido víctima de violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas, en caso de las adolescentes y mujeres mayores de 14 años de edad.

La oposición, de derecha, recurrió al Tribunal Constitucional, un órgano creado en la dictadura de Augusto Pinochet, para revertir la decisión aprobada tanto por el Congreso como por el Ejecutivo.

No dejan de sorprender las frases de los políticos chilenos en contra del proyecto de ley que, al enfocar todos los argumentos en la defensa del feto, anulan la personalidad de las mujeres y el reconocimiento a sus derechos más básicos. Para muestra hay tres declaraciones que encienden la polémica.

• La del diputado de Renovación Nacional, René Manuel García: "Podríamos decir que el Gobierno Militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos crímenes?";
• O la de José Antonio Kast, quien renunció a la Unión Demócrata Independiente (UDI) y recolectó firmas para oficializar su candidatura presidencial en los comicios de este noviembre: "Solo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo";
• E incluso las del diputado del Partido Demócrata Cristiano, Iván Flores García: "Una mujer violada no está en libertad de pensar libremente".

A pesar de que nos sorprende el conservadurismo de la legislación chilena y el desenfadado y franco machismo de sus políticos, lo que tenemos en México es sólo un espejismo progresista.

Observar al mundo desde la capital del país, cuya ley para la legalización de la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación cumplió una década y atiende a mujeres de todo el país que solicitan el procedimiento, genera la impresión de que México está muy a la delantera en este tema, pero lo cierto es que son muchas las mujeres y niñas que son revictimizadas y enfrentan obstáculos por parte de funcionarios, personal jurídico y de salud que las empuja, las juzga y las estigmatiza por querer interrumpir un embarazo, así sea producto de abuso sexual.

En México, cada entidad tiene su propia legislación sobre el aborto y algunas recrudecieron las penas cuando se legalizó el aborto en la Ciudad de México.

En 18 estados se protege la vida desde la concepción, mientras que en 29 de las 32 constituciones locales aún se castiga a la mujer que se realiza dicha intervención con multas económicas, terapia e incluso cárcel, a pesar de estar reconocido en el marco jurídico nacional el derecho a solicitar un aborto por violación, riesgo para la vida de la mujer o alteraciones congénitas del feto.

En seis de los estados mexicanos, el aborto puede ser castigado hasta con cinco años de prisión, incluso más cuando el aborto se equipara al delito de homicidio agravado por parentesco, y cuya pena es de entre 40 a 50 años de cárcel.

35 años de cárcel por aborto espontáneo

Recién en junio pasado fue liberada, después de once años en la cárcel, Reina Panzo, mujer de origen indígena de Veracruz. Reina sufrió un aborto espontáneo, pero fue acusada de homicidio doloso y sentenciada a 35 años de cárcel. No hablaba español y no contó con un traductor durante el juicio. Fue liberada por falta de pruebas. De acuerdo al Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, Equifonía, ocho mujeres más de la entidad se encuentran en situación similar.

A esto se suma que en la mayoría de los estados en términos prácticos no existe el soporte institucional para ejercer el derecho al servicio de aborto seguro en caso de violación, ni se investigan con perspectiva de género los casos de violencia sexual. De acuerdo al estudio Violencia sin Interrupción, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) publicado en 2016, "se cometen al menos 600.000 delitos sexuales cada año. De estos, nueve de cada diez víctimas son mujeres; cuatro de cada diez de ellas tienen menos de 15 años de edad".

216.000 mexicanas menores de 15 años son víctimas de delitos sexuales al año

Estas cifras apuntan a que 216.000 niñas menores de 15 años son víctimas de delitos sexuales al año. ¿A cuántas de ellas se les obstaculiza el acceso a un aborto seguro? ¿Cuántas quedan embarazadas y, en su caso, cuántas tienen acceso a apoyos institucionales para recurrir a un aborto al que tienen derecho según la ley?

Hoy en día, es imposible saberlo. Pero sabemos que la mayoría, fuera de la Ciudad de México, no tienen acceso y enfrentan múltiples formas de revictimización: impunidad, peritajes humillantes, juicio social, presiones y resistencias institucionales, falta de personal o apoyos médicos, por mencionar algunas.

La legislación en México enfrenta la misma insensibilidad y machismo que hoy vemos en los políticos chilenos: leyes que estigmatizan a las mujeres y reproducen estereotipos de género en los que se culpabiliza a la mujer, incluso si ella es la víctima. Leyes que criminalizan a la mujer que "da muerte a su producto", pero que si "no tienen mala fama" le son reducidos los años de prisión o le cambian esta pena por terapias para "reafirmar los valores humanos por la maternidad…".

Diputados como el del congreso de Puebla del Partido Acción Nacional (PAN), Pablo Montiel, que sostiene que el aborto es un "derecho irracional como el de dar muerte a otro ser humano al amparo de la ley" y que las mujeres lo solicitan por un "feminismo exacerbado" en compensación por el machismo.

Lo que también sabemos es que los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, en lugar de ser un derecho social, son un derecho económico: son las mujeres pobres, las indígenas, las marginadas, las rurales, las menores las que mueren, las que son obligadas a tener hijos de sus violadores, las que van a la cárcel. Se necesita retomar esta discusión a nivel federal para legislar con perspectiva de género y con el fin de acabar con las desigualdades, porque de momento, el aborto en la mayoría del territorio nacional es aún un derecho de clase.

Magda Coss