La cifra es contundente: 101 líderes sociales colombianos han sido asesinados entre los meses de enero y agosto de 2017, según un informe elaborado por la plataforma política Marcha Patriótica (MP) y el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).
Los resultados del informe fueron divulgados por Cristian Delgado, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, durante una entrevista con la emisora Contagio Radio.
Desde enero hasta agosto de 2017 han sido asesinados 101 líderes sociales en Colombia https://t.co/S6TD0XRDHPpic.twitter.com/1u3YPXx9Hx— Marcha Patriótica (@marchapatriota) 26 de agosto de 2017
Las cifras
Delgado precisó que durante los últimos ocho meses "101 líderes sociales y defensores han sido asesinados, 194 han recibido amenazas y se reportaron 484 violaciones de los derechos humanos".
Precisó que aunque entre las víctimas predominan los hombres, 16 % de los casos atañen a mujeres y 1 % a integrantes de la comunidad LGTBI. En términos generales, 92 % de esas agresiones fueron emprendidas contra comunidades organizadas.
El informe indica que los departamentos colombianos en los que se reporta mayor cantidad de violencia criminal contra líderes sociales son los del Cauca, con 61 amenazas, 29 asesinatos y 5 atentados; Chocó, con 49 amenazas y 16 atentados; Valle, con 27 amenazas y 20 asesinatos; y Antioquia, con 11 amenazas y 17 asesinatos.
Paramilitarismo presente
Motivo de especial preocupación es la presencia de grupos paramilitares en los departamentos del Cauca, Chocó y Antioquia, así como la falta de acciones por parte del Estado para combatirlos.
Marcha Patriótica y el Indepaz acusan al Estado colombiano por no reconocer la existencia de esos grupos paramilitares.
Solo a 30 minutos de Cúcuta sobre la frontera, paramilitares patrullan con brazaletes de AGC, fusiles y uniformes. SI Existen. pic.twitter.com/qhXkatBSwS— juan carlos quintero (@catatumbol281) 29 de agosto de 2017
Cristian Delgado considera que una de las medidas más importantes que deben tomar las autoridades es reconocer la existencia de esas "estructuras paramilitares para, en ese mismo sentido, proceder a desmontarlas".
En recuento pormenorizado, sostiene que 19 % de las violaciones a derechos humanos son atribuidas a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 3 % a las Autodefensas Campesinas de Colombia y 2 % a Los Urabeños, mientras que en 70 % de los casos no ha sido posible señalar a ningún grupo en específico.
Para MP e Indepaz, la falta de medidas de seguridad y protección determina que muchas comunidades "se hayan organizado en guardias indígenas y campesinas" para protegerse.
Líderes y guerrilleros
Entrevistado por RT, el documentalista colombiano Fredy Muñóz Altamiranda dijo que los homicidios de esta índole no se registran sólo contra líderes sociales.
En el mismo período también fueron asesinados 26 exguerrilleros que recibieron amnistía luego de firmarse los acuerdos de paz.
"El paramilitarismo en Colombia sigue vivo, y con ello la política de exterminio de los movimientos sociales", aseguró.
Para entender la dimensión de esos crímenes, el documentalista detalla que "los líderes sociales son una extensión del movimiento guerrillero, era lo que se denominaba como la base social de la guerrilla".
¿Por qué se los asesina?
Muñóz Altamiranda resalta que, en los últimos 6 meses, los líderes de algunas comunidades rurales han protagonizado un hecho que califica de inédito: una "oposición frontal a la explotación del subsuelo en Colombia por parte de las multinacionales mineras y petroleras".
Muchos de los que acompañaron a Juan Manuel Santos en las negociaciones de paz con la FARC, explica, "lo hicieron bajo la promesa, hecha por el gobierno, del encendido de las 'siete locomotoras' del desarrollo minero de Colombia, en áreas como petróleo, agua, diamantes, oro o coltán".
En opinión del documentalista, "las multinacionales creyeron que sin las FARC en el terreno, les sería fácil llegar a explotar los recursos, pero se encontraron con el rechazo popular. Por eso solo les quedó volver a emplear la mano asesina para acallar a los líderes sociales que los adversan".
A esas empresas les resultan peligrosos los líderes sociales que promueven consultas, entre la población, sobre las explotaciones mineras.
Por otra parte, añade Fredy Muñoz, esas consultas tiene valor legal: "Si un pueblo se opone, eso termina siendo una ley para las multinacionales".
No hay que perder de vista otro aspecto. En el tema de la minería "hay intereses muy costosos de por medio, como los de la minera surafricana 'AngloGold Ashanti'. Esa empresa se ha visto envuelta en los asesinatos de varios dirigentes sociales de los departamentos de Antioquia y Chocó, porque promovieron consultas populares en contra de la explotación del subsuelo", denuncia el periodista colombiano.