El 22 de mayo, como parte de las acciones previstas en el nuevo Gobierno del estado mexicano de Oaxaca, su titular, Alejandro Murat, hizo dos grandes anuncios sobre infraestructuras: en primer lugar, señaló que se harían las reparaciones necesarias de la carretera existente entre el municipio de Tuxtepec y la capital oaxaqueña; en segundo lugar, anunció la construcción de una 'supercarretera' que uniría con mayor rapidez estas dos localidades y, para ello, inició la solicitud de más de 100.000 millones de pesos —5.600 millones de dólares— al erario público.
La región de Tuxtepec colinda con el estado de Veracruz y tiene una conexión estratégica con las rutas comerciales y el acceso al puerto del golfo de México. Este proyecto se enmarca en la puesta en vigor de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), una estrategia anunciada desde 2014 y que ahora cobra forma en el desarrollo de infraestructura necesaria para actividades económicas como la minería, la producción de energía eléctrica y la consolidación de corredores industriales de norte a sur e interoceánicos.
"Los enclaves del siglo XXI en México"
Tal y como expresa a RT el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mateo Crossa, las ZEE "serán un proyecto renovado del libre comercio" en México, "los enclaves del siglo XXI" donde operará el capital transnacional, "desde la industria hasta las finanzas, la extracción de recursos naturales, el turismo...".
Para Crossa, "resulta evidentemente falsa la idea alentada incansablemente por políticos y empresarios que promueven las ZEE como proyectos de desarrollo y crecimiento para la zona sur del país —donde "el gran capital extranjero y nacional ya existe" y "superexplota la fuerza de trabajo y despoja de tierras a los pueblos indígenas"—, con lo cual "vendrán a renovar ese modelo, a ponerle más gasolina al motor de la explotación y el despojo".
En este contexto, las comunidades zapotecas que habitan en la región de Sierra Juárez no se muestran del todo conformes con el anuncio de Murat y, mucho menos, con el hecho de que su territorio sea visto como un botín al cual hay que exprimir hasta las últimas consecuencias. En otras regiones de Oaxaca, la explotación minera y la destrucción de zonas con un amplio nivel de biodiversidad son ya una realidad y esto no ha venido acompañado de mejoras en las condiciones de vida de las personas afectadas.
Informados y organizados
Los pasados 27 y 28 de agosto, apoyados por la organización Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca (SURCO) y por la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNESJO), las comunidades posiblemente afectadas por las ZEE realizaron un foro regional para informarse y discutir acerca de este proyecto carretero y de otras inciativas, como las concesiones mineras y las hidroeléctricas que están destinadas a esta región.
La comunidad oaxaqueña de San Juan Yagila fue la sede del Foro por la Defensa de Nuestros Territorios Zapotecas ante las Amenazas de los Megaproyectos, una reunión que contó con la asistencia de autoridades comunitarias de la región, así como con la participación de profesores y alumnos de las escuelas que operan en esas cañadas.
Durante dos días, se analizaron las experiencias de comunidades de otros estados mexicanos afectadas por proyectos similares y con resultados claros de lo que realmente significa la implementación de esta infraestructura. Armando Campos, integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, inauguró el foro con la exposición del caso de la mina de oro a cielo abierto de Carrizalillo (Guerrero).
La instalación de la minera canadiense Gold Corp es la mina más importante del continente y la que más afectaciones visibles ha dejado, sobre todo en la salud de las personas, en la contaminación irreversible del medio ambiente y en la fractura del tejido social, pues ha establecido pactos con el crimen organizado para el control social de los opositores.
En segundo lugar, el activista Rodolfo Chávez explicó con detalle el proyecto hidroeléctrico conocido como La Parota que, de haberse llevado a cabo, habría afectado a cinco municipios de Guerrero, pero la organización popular y una intensa lucha social durante cinco años lograron que se cancelara definitivamente.
Finalmente, una comisión de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla (México) expuso la imposición del proyecto carretero Toluca-Naucalpan y la manera en la que, durante más de 10 años, se han enfrentado a esa situación. A día de hoy, han presentado un proyecto alternativo que trata de proteger el bosque sagrado que se encuentra en su territorio y que, de pasar la carretera tal como se presentó originalmente, significaría la destrucción de mantos acuíferos y de lugares sagrados para la cultura otomí.
En medio de un ambiente de hospitalidad y de una organización eficaz para la alimentación y la seguridad, varias autoridades de los pueblos zapotecos explicaron la importancia de su territorio y de mantenerse organizados e informados para luchar contra el despojo y la destrucción de los bienes comunes. Miguel, agente municipal de San Juan Yagila, detalló que en la Sierra Juárez "hay muchas zonas de bosque, pero otras son de selva y, en ellas, hay muchos recursos de agua y muchos minerales. Por eso estamos preocupados con los anuncios del Gobierno".
Heriberto Paredes Coronel