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El plan de la UE para excluir a los parlamentos nacionales “rebeldes”
Bruselas quiere evitar futuras crisis de legitimidad y eventuales vetos a los acuerdos comerciales, como sucedió hace un año con el CETA.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pretende acabar con el complejo procedimiento de ratificación de los acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE). Su intención primera es eliminar uno de los principales requisitos actuales: que los tratados obtengan el visto bueno de los aproximadamente 40 parlamentos, entre nacionales y regionales, de los Estados miembros.
La propuesta permitiría a Bruselas evitar futuras crisis de legitimidad y posibles vetos parlamentarios, como sucedió con el acuerdo comercial entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) en octubre del pasado año, cuando el Parlamento de Valonia, una de las tres regiones que conforman Bélgica, estuvo a punto de poner fin al tratado al votar en contra de permitir al Gobierno belga firmar el pacto.
Así, la ratificación de los tratados sería mucho más rápida y, sobre todo, daría menos problemas al Ejecutivo comunitario, en un momento en el que quiere avanzar en futuros acuerdos comerciales con Austria y Nueva Zelanda. Según informa Político.eu, estos dos tratados serían los primeros en utilizar este modelo, para no enfrentarse al "peligro de veto" de cualquiera de los "a veces rebeldes" parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros.
Organizaciones sociales replican: es un "ataque a la democracia"
El borrador filtrado de la propuesta, al que ha tenido acceso el citado medio, revela que la gran mayoría de los capítulos de los tratados serán competencia exclusiva de la UE y, por tanto, tendrán que ser sólo ratificados por los representantes de cada Estado miembro en el Consejo Europeo y por la Eurocámara.
Por su parte, los parlamentos nacionales sólo serán tomados en cuenta a la hora de aprobar secciones relacionadas con la protección de inversiones o para las futuras vías de resolución de demandas entre inversores y Estados.
No obstante, los países miembros deberán aprobar este cambio de modelo para que entre en vigor.
Desde la campaña estatal 'No al TTIP, CETA y TISA', que en España reúne a más de 350 organizaciones procedentes de todos los ámbitos, han calificado la propuesta de "ataque a la democracia" y como un "intento de excluir" a los parlamentos nacionales y regionales "de su derecho a veto sobre los acuerdos comerciales". Además, piden que se abra un debate para "un cambio urgente y radical" de las políticas de comercio e inversión de la UE.
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