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El Constitucional impone multas por primera vez en su historia por la desobediencia en Cataluña
Los miembros de la sindicatura electoral catalana, entre otros cargos, tendrán que pagar hasta 12.000 euros diarios.
El Tribunal Constitucional de España ha acordado este jueves imponer una multa diaria de 12.000 euros diarios a los miembros de la sindicatura electoral catalana (el equivalente a una junta electoral) y al considerado su responsable, Josep Maria Jové, el número dos del conseller de Economía Oriol Junqueras.
También Monserrat Vidal y Roca, Jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat, será sancionada con un multa de 6.000 euros al día, al igual que los síndicos de las demarcaciones territoriales.
En un comunicado, el Tribunal explica que las multas se impondrán con periodicidad diaria hasta que "justifiquen ante el Tribunal que han revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas han quedado sin efecto".
Una herramienta para hacer cumplir sus resoluciones
Asimismo, el Tribunal asegura que la "finalidad" de las multas "no es la de sancionar", sino la de "obligar al cumplimiento de sus resoluciones". Así, las multas "solo empezarán a imponerse, en caso de persistir el incumplimiento, a partir de las diez de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE - Boletín Oficial del Estado - de la presente resolución".
Josep María Jové fue detenido este miércoles en la operación ordenada por un juez de Barcelona para impedir la celebración de la consulta. Es el número 2 de la conselleria de Economía, el organismo de Cataluña que se ha encargado de los preparativos, la organización y la coordinación de la consulta.
Es la primera vez en su historia que el Constitucional hace uso de esta medida, de la que se dotó en 2015, junto a la herramienta de la suspensión de funciones, para hacer cumplir sus resoluciones a través de una reforma de su propia ley. La Abogacía del Estado se dirigió la semana pasada al tribunal para denunciar la desobediencia.
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