Actualidad
Indígenas peruanos demandan a la minera de oro más importante de Sudamérica
La denuncia judicial fue realizada en Estados Unidos contra la Newmont Mining Corporation, radicada en ese país.
Una familia de indígenas de Perú demandó ante una corte federal en el estado de Delaware (EE.UU.) a la empresa minera de oro más grande de América del Sur. Se trata de la estadounidense Newmont Mining Corporation, que actúa en territorio peruano a través de su filial Yanacocha.
Máxima Acuña de Chaupe fue la impulsora de la presentación judicial para denunciar el hostigamiento que viene sufriendo su familia por parte de la compañía. Según la acusación, la minera busca apropiarse de las tierras de esta familia campesina en la región de Cajamarca para expandir su negocio.
La ciudadana peruana es representada por EarthRights International (ERI), una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos y la justicia ambiental. Su director, Marco Simons, sostuvo en un comunicado citado por Diario Correo, que la demanda busca "detener la intimidación y hostigamiento contra la familia Chaupe, para que puedan vivir tranquilamente y cultivar sus tierras".
Asimismo, puso de relieve "el hostigamiento sistemático y los abusos físicos y psicológicos" llevados a cabo contra la familia por parte del personal de la empresa multinacional. Por su parte, Acuña de Chaupe añadió que pretenden "obtener el reconocimiento de los daños que hemos enfrentado".
Los indígenas, contra las mineras y las petroleras
En Perú se han visto varios de estos conflictos durante los últimos años. La denuncia de Acuña de Chaupe es solo una muestra de una problemática que atraviesa todo el país. De hecho, la misma campesina ganó el año pasado el Premio Medioambiental Goldman por un litigio contra Yanacocha en relación al proyecto Conga.
Pero esto también se ha visto con el famoso emprendimiento conocido como Lote 192, que cuenta con el 17 % de las reservas petroleras peruanas. Allí la Pacific Exploration & Production está en conflicto con comunidades indígenas que exigen el pago de una compensación por la explotación de sus tierras. De hecho, han paralizado la producción como forma de protesta para exigir una consulta ante una posible nueva concesión y para exigir medidas de protección ambiental.
Además, investigaciones han revelado la complicidad de distintas multinacionales con políticos locales que, gracias a sobornos, han habilitado concesiones para emprendimientos extractivos. Las denuncias abarcan a gobernadores y diputados de distintos partidos.
comentarios