La herida de los edificios que no están, de los que siguen acordonados y de los que no recibirán más habitantes recuerdan que en Ciudad de México tembló.
Hace una semana, como una efeméride lamentable, ocurrió el sismo de magnitud 7,1 que sacudió la capital mexicana, el mismo día de aquel devastador 19 de septiembre de 1985. Las víctimas fatales ya suman 333, una cifra considerablemente menor a las 10.000 que fallecieron bajo los escombros 32 años atrás pero que levanta las mismas sospechas que en aquella oportunidad: ¿cuántas de esas muertes pudieron evitarse?
Desde el terremoto de 1985, la normativa de construcción en Ciudad de México se ha modificado para evitar el colapso de las estructuras en un país de tradición sísmica, teniendo en cuenta, además, que la capital fue erigida sobre el lecho seco -y endeble- del lago de Texcoco. Sin embargo, la tragedia se repitió el pasado martes. Escuelas, residencias e infraestructuras públicas se desplomaron y el sospechoso es el mismo: la corrupción.
Siempre, los pobres
Un informe de la Agenda Nacional de Riesgos, elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), ubica a la pobreza como uno de los problemas neurálgicos asociados a las catástrofes de este tipo. Al menos en México, 40% de las afectaciones ocurren en municipios con altas tasas de marginación, precisa un estudio de esa misma instancia gubernamental.
"El 83% de todas las muertes ocurridas en edificios colapsados en terremotos han ocurrido en países con altos niveles de corrupción y pobreza", detalla el portal Contralínea, al citar el informe. La aseveración puede contrastarse con el hecho de que, incluso antes del sismo que estremeciera a Ciudad de México, otro de mayor magnitud devastó a Oaxaca y Chiapas, considerados como los estados más pobres del país.
El recuento de daños en esa región al sur de México son escandalosas: 98 víctimas fatales; 80 mil viviendas destruidas; 1.400 escuelas derruidas y más de 2,2 millones de damnificados. A eso se suman las cifras de afectaciones en el Estado de México, Puebla y Morelos. La escritora y periodista Elena Poniatowska, en una entrevista recientemente ofrecida a 'Clarín', lo decía sin tapujos: "Son siempre los más pobres los que la llevan peor. Así como la vida los trata mal, el terremoto se ensaña contra ellos porque sus viviendas son muy endebles".
Esa vulnerabilidad, sin embargo, está muy ligada a un fenómeno que, de tan frecuente, se ha vuelto parte del paisaje y la cotidianidad: la corrupción. Permisos laxos, inspecciones poco efectivas, licitaciones amañadas y burocracia comprada para edificar en zonas no aptas son sólo una pequeña lista de las graves fallas que pudieron ocasionar la muerte de personas o la pérdida total o parcial de sus inmuebles.
¿Suerte?
Especialistas entrevistados por el 'The New York Times' consideran que el factor que jugó a "favor" de Ciudad de México en el sismo del pasado martes para evitar más muertes fue, literalmente, la suerte. Según Eduardo Reinoso, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) experto en ingeniería sísmica, la cercanía con el epicentro hizo que el tipo de onda afectara en mayor medida a edificios bajos que, por lógica, están menos habitados.
Pero ese azar no evitó el colapso de 38 edificios en la capital. La razón, alega Reinoso, es que "a la industria de la construcción se le ha ido la mano. Le dan más importancia a los acabados y a que se vea bonito a que haya un buen diseño de la estructura". Un estudio, citado por el medio estadounidense y dirigido por el investigador de la UNAM, señala que de 150 edificios levantados después de 2004 (cuando se cambió la regulación en materia de construcción), 71% no cumplían con todos los estándares y 36% ni siquiera tenían los requerimientos menores.
Félix Villaseñor, titular del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, difiere de Reinoso. Entrevistado este martes por Excélsior, el especialista aseguró que la mayor parte de los edificios que sufrieron daños severos hace una semana fueron lo que no se reforzaron después del sismo de 1985. La responsabilidad de la inspección oportuna a esas estructuras recae directamente sobre los gobiernos locales.
No debió pasar
Uno de los casos que más conmocionó a la opinión pública fue el derrumbe del colegio Enrique Rébsamen, donde fallecieron 19 niños y 6 adultos. De acuerdo al portal Animal Político, el edificio donde funcionaba el plantel se había erigido de manera irregular, tenía un permiso falso, se usó con fines habitacionales y fue objeto de al menos tres clausuras previas.
Un vecino de la zona llamado Francisco Fontano denunció en su Facebook que ese colegio funcionaba de manera ilegal: "Su secundaria operó tres años con sellos de clausura hasta que quien sabe a quien sobornaron para legalizarlo. La secundaria tenía un patio de tamaño ridículo, sin área de seguridad. Las columnas que lo levantaban invadían parte de las escaleras (...) Si todos los niños muertos y atrapados estaban ahí, es culpa de todos los corruptos que a lo largo de años permitieron el funcionamiento del plantel".
Otro de los edificios que se derrumbó, ubicado en Portales Sur, tenía apenas un año de construido. Allí murieron dos personas que invirtieron alrededor de 150.000 dólares en un inmueble que prometía estar equipado con alta tecnología. Los sobrevivientes, detalla NYT, ahora preparan una demanda contra la constructora ante la sospecha de que quiera zafarse de responsabilidades.
En una suerte de 'déjà vu', la columna que escribió el poeta mexicano Octavio Paz, hace 32 años, no pierde vigencia. En 1985, el autor de El laberinto de la soledad denunciaba que "espíritu de lucro de los empresarios e industriales de la construcción, que aprovecharon el auge relativo de este cuarto de siglo para entregarse a una especulación urbana desenfrenada e inescrupulosa, con la complicidad de la burocracia" había sido corresponsable de la tragedia de 1985. Hoy, esos mismos actores también aparecen en la escena, "como la conjunción una fatalidad natural y un error histórico".