A tres días de la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña, suspendido de forma cautelar por el Tribunal Constitucional de España, continúa el pulso entre la administración central y las autoridades regionales.
A pesar de las medidas judiciales emprendidas por el Estado español para evitar la jornada del 1 de octubre, el Gobierno catalán ha desoído las órdenes de los tribunales y sigue adelante con su pretensión de llevar a cabo la consulta.
"Si gana el 'sí', se iniciará un proceso constituyente"
"Llevamos tres o cuatro años frente a una ofensiva judicial e institucional total y absoluta por parte del Estado español", ha explicado Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso español.
Rufián pone de ejemplo el caso de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que en octubre de 2016 permitió que la cámara territorial votara dos resoluciones que abrían la vía al referéndum. "Fue llevada frente a un juez simplemente por dar el 'ok' a una votación democrática", asegura.
Las batería de medidas judiciales del Estado español para evitar la celebración del referéndum no sorprendieron al diputado, que cree que, además, continuarán: "Nosotros esperamos sentencias, inhabilitaciones, amenazas, guerra sucia también a nivel mediático", asegura el político.
Rufián comenta también que les "hubiera encantado tener un diálogo con el Gobierno para pactar un referéndum", pero que lo que se han encontrado es "represión". "Creo que España será la principal interesada en que a Cataluña le vaya bien, más que nada porque España debe el 114% de su PIB", señala.
"Si gana el 'sí', se iniciará un proceso constituyente en pos de una república independiente, y si gana el 'no' respetaremos el resultado", ha asegurado Rufián. Esa última posibilidad no implica la disolución de ninguna agrupación política catalana, advierte el político, tal y como perder elecciones de Gobierno no implica la disolución de los partidos perdedores.
"Sólo hay una solución: el diálogo"
Por su parte, Marc Lamuà, diputado del Partido Socialista (PSOE) en el Congreso, ha explicado que la actual crisis catalana se debe al "inmovilismo del Partido Popular" y "la dejación" de sus "tareas políticas". No obstante, el socialista considera que "la desatención del Gobierno no justifica la vía unilateral".
"Cuando la política no hace lo que tiene que hacer, cuando el entorno político no encuentra los espacios (...) necesarios para resolver y encauzar los problemas que son políticos, el Estado actúa por los cauces jurídicos", destaca el diputado.
Lamuá ha subrayado que "en democracia todo es posible" por "los cauces adecuados", pero "lo que no es posible es saltarse las leyes". Para el político hay "solo una solución", que es "el diálogo". Así, ha llamado a encontrar "cauces sosegados" para resolver la situación, ya que la "sociedad se está tensionando hasta límites que nunca habíamos tenido".
El diputado del Grupo Socialista en el Parlamento lamenta que haya "una parte en la sociedad catalana (...) que se siente muy desapegada del proyecto del Estado" y considera que las ideas independentistas "nacen de la protesta en contra de las políticas" del Gobierno.
Sin embargo, considera que los independentistas pueden "crear el relato" que quieran, pero "ese relato choca con una cosa inamovible", que es "la realidad"."Y es lo que está pasando. Más allá de la realidad hay una irresponsabilidad, que es lo más grave que está pasando en estos días. Poner a los cuerpos de funcionarios o poner a la policía de Cataluña en la tesitura de no saber que órdenes les llegarán y a quién tendrán que obedecer", ha añadido el socialista.