El indígena hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo padeció la violencia institucional que opera sistemáticamente contra los migrantes indocumentados. Las graves violaciones a los derechos humanos que sufrió no ocurrieron en Estados Unidos de Donald Trump, sino en México.
En este país, cuando hablamos de agresiones a indocumentados, siempre encontramos la participación abierta y directa del crimen organizado y de las autoridades. Y eso le quedó marcado en la piel a Colón Quevedo. Las cicatrices de su paso por México jamás se borrarán.
Los autores fueron integrantes del Ejército y la Policía Federal, que lo detuvieron arbitrariamente y lo trasladaron a una instalación militar, a pesar de que las leyes mexicanas no facultan a la institución castrense a retener a persona alguna y, mucho menos, a exigirle una declaración ministerial.
Sin asistencia consular, el líder comunitario no solo fue obligado a declarar, sino sometido a tortura para que lo hiciera. El maltrato no duró horas ni días, sino más de cinco años, tiempo en el que estuvo encarcelado. Su caso ya mereció una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (la 33/2017).
Ahora mismo, la historia de este indígena se repite en decenas, cientos de casos: la actual política antimigratoria se ha recrudecido, al grado de que este país representa la frontera real de EE.UU. para los indocumentados centroamericanos que viajan en busca del llamado sueño americano.
Miles de migrantes son violentados mientras transitan México tanto por las autoridades como por el crimen organizado. Y es esa violencia la que acaba con cientos de vidas de la forma más cruel que puede siquiera imaginarse, como ocurrió el 24 de agosto de 2011, cuando 72 migrantes indocumentados fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas.
La violencia extrema también se aplica durante las redadas a cargo de agentes de migración, militares y policías federales, así como en los ataques armados contra quienes viajan en el tren, atribuidos a cárteles del narcotráfico como los Zetas.
Pero no nos confundamos, no existe una separación entre unos y otros. Las evidencias de la relación entre los agentes del Estado y el crimen organizado para inhibir el flujo migratorio han sido documentadas hasta por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU.
En sus 'Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de México', presentadas el 13 de septiembre pasado, señala que esa connivencia intimida hasta a los defensores de los migrantes. Crimen organizado, redes de tráfico de personas, agentes migratorios, cuerpos de seguridad y empresas privadas hostigan y deslegitiman el trabajo de las organizaciones, observa.
No hay duda, el Gobierno y la delincuencia organizada son un mismo actor con el mismo objetivo: frenar el paso migrante.
Nancy Flores
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