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España: La justicia investiga al jefe de la Policía catalana por "sedición"

Publicado: 4 oct 2017 07:43 GMT | Última actualización: 4 oct 2017 15:33 GMT

El jefe de los Mossos ha sido citado por la Audiencia Nacional para este viernes 6 de octubre, en relación al asedio de la Conselleria de Economía de la Generalitat del pasado 20 de septiembre.

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, asiste a una rueda de prensa en Barcelona, España, el 31 de agosto de 2017. / Albert Gea / Reuters
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El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, está siendo investigado por un delito de sedición por la justicia española, informa la Audiencia Nacional.

El máximo responsable de los Mossos ha sido citado por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, para este viernes 6 de octubre, en relación al asedio de la Conselleria de Economía de la Generalitat del pasado 20 de septiembre, mientras las fuerzas de seguridad llevaban a cabo un registro en su interior. Entonces, miles de manifestantes trataron de impedir la acción de policías y guardias civiles para evitar el referéndum independentista, que se celebró el pasado domingo.

Además, la justicia española ha citado a declarar también al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y a la intendente de la policía catalana, Teresa Laplana.

La jueza de la Audiencia Nacional acuerda estas investigaciones una semana después de admitir a trámite la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra las personas que participaron en los disturbios ocurridos ante la Conselleria de Economía de la Generalitat. En el auto, notificado el pasado miércoles, Lamela, asumía la competencia de la Audiencia Nacional en este caso porque el fin de los disturbios parecía ser una ruptura de la forma de Gobierno.

De acuerdo con el Código Penal de España, el delito de sedición castiga con hasta 15 años de cárcel a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

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