Tras el discurso pronunciado este martes 3 por el rey Felipe VI, en el que acusó a la Generalitat catalana de intentar "quebrar la unidad de España", parecen haber aumentado las posibilidades de que el Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy ponga en marcha el artículo 155 de la Constitución española para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia. Esta medida nunca antes se ha aplicado en España, por lo que es difícil prever cuáles podrían ser sus consecuencias.
Un artículo de fuerza
Incluido en el título VIII de la Carta Magna (sobre la organización territorial del Estado), el artículo 155 establece que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan", o "actuare de forma que atente gravemente al interés general de España", el Gobierno podrá "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones" o "para la protección del mencionado interés general".
Sin embargo, tal y como lo señala la ley fundamental del Estado español, antes de adoptar cualquier medida, el Ejecutivo nacional tendrá que pedirle al presidente de esa comunidad que reconsidere su postura y vuelva al orden constitucional. El señalamiento no fija un plazo máximo para que este dé una respuesta.
En caso de que el requerimiento no sea atendido por el presidente regional, el Gobierno español podrá presentar ante el Senado una propuesta de medidas concretas para que la referida comunidad cumpla con sus obligaciones. Estas medidas deben ser aprobadas por mayoría absoluta de la Cámara Alta, tras un proceso de debate y enmiendas.
Por ello, en caso de que el Ejecutivo español active el artículo 155, Rajoy no necesitaría la aprobación de los diputados, cuerpo en el cual dependería del apoyo de otras fuerzas, sino la del Senado, donde su partido tiene mayoría absoluta.
De cualquier manera, no es esa una salida fácil, puesto que algunos miembros del gobernante Partido Popular (PP) ya han anunciado que no recurrirán a tal medida sin el apoyo de los socialistas, que, de momento, han manifestado sus reservas.
¿En qué pueden consistir estas medidas?
El artículo 155 no especifica qué medidas excepcionales se pueden emplear, o cuáles no, para que la Comunidad Autónoma vuelva al orden constitucional. Tampoco establece para ellas un tiempo de duración.
"Pueden ser muy estrictas, en el sentido de que afecten a un ámbito de la competencia de una Comunidad Autónoma y, por tanto, pongan a disposición del Gobierno central a los funcionarios que estén efectuando esa competencia o interviniendo el ministerio correspondiente; o pueden ser mucho más amplias y afectar, incluso, a todo el Gobierno", explicó a RT Rafael Murillo, profesor de derecho constitucional de la Universidad CEU San Pablo.
Así, las medidas podrían ir desde quitarle a Cataluña competencias sobre una materia concreta -como por ejemplo la seguridad o la economía-, hasta plantear la disolución de su Parlamento autonómico, lo que significaría la convocatoria inmediata a elecciones regionales. A pesar de que el líder de la agrupación Ciudadanos, Albert Rivera, se ha posicionado a favor de esta última, Murillo no ve probable que el Ejecutivo de Rajoy vaya a optar por disolver el legislativo catalán.