El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ha enviado un requerimiento al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para que aclare si ha declarado o no la independencia. Así lo ha confirmado en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, en la que ha abierto la puerta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que supone, de facto, la intervención de la autonomía de Cataluña.
"El Consejo de Ministros ha acordado requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña", ha asegurado Rajoy. "Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia", ha añadido.
El jefe del Ejecutivo español ha explicado que si Puigdemont "respeta la legalidad" se pondría fin "a un periodo de ilegalidad e incertidumbre". "Es lo que todos esperan para poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña", ha afirmado Rajoy, que ha asegurado que la respuesta que ofrezca el presidente catalán "marcará las decisiones que tome el Gobierno los próximos días".
El Consejo de Ministros se ha reunido este miércoles por la mañana de forma extraordinaria para definir la respuesta del Gobierno español tras la intervención del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ayer, en el Parlamento regional.
En un ambiguo y polémico discurso, Puigdemont dejó en suspenso la declaración de independencia para buscar el diálogo y la mediación internacional, aunque previamente dio por válidos los resultados del referéndum del 1 de octubre y declaró el inicio del proceso hacia la República de Cataluña.
La aplicación del artículo 155
Incluido en el título VIII de la carta magna (sobre la organización territorial del Estado), el artículo 155 estable que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan", o "actuare de forma que atente gravemente al interés general de España", el Gobierno podrá "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones" o "para la protección del mencionado interés general".
Sin embargo, tal y como lo señala la ley fundamental del Estado español, antes de adoptar cualquier medida, el Ejecutivo nacional tendrá que pedirle al presidente de esa comunidad que reconsidere su postura y vuelva al orden constitucional. El señalamiento no fija un plazo máximo para que este dé una respuesta.
En caso de que el requerimiento no sea atendido por el presidente regional, el Gobierno español podrá presentar ante el Senado una propuesta de medidas concretas para que la referida comunidad cumpla con sus obligaciones. Estas medidas deben ser aprobadas por mayoría absoluta de la Cámara Alta, tras un proceso de debate y enmiendas.
Por ello, en caso de que el Ejecutivo español active el artículo 155, Rajoy no necesitaría la aprobación del Congreso de los Diputados, donde dependería del apoyo de otras fuerzas, sino la del Senado, donde su partido tiene mayoría absoluta. No obstante, tanto el Partido Socialista (PSOE) como Ciudadanos (C's) respaldan esta medida.