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España: Prisión incondicional para el exvicepresidente y otros 7 miembros del Gobierno catalán

Publicado: 2 nov 2017 15:59 GMT | Última actualización: 2 nov 2017 21:57 GMT

Uno de los querellados, el exconsejero de Empresa, Santi Vila, queda en libertad bajo fianza de 50.000 euros.

El ya destituido presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto a varios miembros también cesados de su Gobierno, el 17 de octubre de 2017. / Gonzalo Fuentes / Reuters
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La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha enviado a la cárcel al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a otros siete antiguos miembros del cesado Gobierno catalán. Uno de los querellados que comparecía este jueves en el mismo juicio, el consejero de Empresa Santi Vila, ha quedado en libertad, y evitará el ingreso en prisión si aporta una fianza de 50.000 euros. 

Los exconsejeros que irán a prisión junto a Junqueras son Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó.

Los acusados serán distribuidos en diferentes centros penitenciarios, todos ellos cerca de Madrid. 

La jueza considera que existen indicios suficientes de la comisión de un delito de rebelión por parte de los querellados, y estima que hay un evidente riesgo de fuga, dado que se enfrentan a una pena de prisión de hasta 30 años. La magistrada también cree, de acuerdo con lo que expuso el fiscal durante la celebración de la vista para la adopción de medidas cautelares, que existen otros riesgos, como el de la reiteración delictiva o el de destrucción de pruebas.

Por otra parte, Lamela ha ordenado también la detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del resto de destituidos consejeros que no se han presentado esta jornada a declarar en la Audiencia Nacional. Se trata de Clara Ponsatí, Mertitxell Serret, Antoni Comín y Lluís Puig.

Delitos graves

La magistrada de la Audiencia Nacional responde así a la gravedad de unos delitos que se derivan de haber proclamado la independencia de una parte del territorio español fuera de las vías legales. 

La Fiscalía señala en su querella que el Gobierno catalán utilizó las instituciones públicas para aprobar leyes abiertamente inconstitucionales y cuya proclamación resultaba ilegal; asimismo, denuncia que las asociaciones independentistas ANC (Assemblea Nacional Catalana) y Òmnium cometieron actos de sedición actuando como brazo civil de la Generalitat, circunstancia por la cual han sido encarcelados sus dirigentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

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