Minería y control en México: el nuevo rostro de la costa michoacana que buscan los empresarios

El gobernador de Michoacán —estado ubicado en el suroeste de México—, Silvano Aureoles, reaccionó de manera inmediata a las condicionantes que Lakshmi N. Mittal, el sexto hombre más rico del mundo, impuso para invertir de manera decisiva en la configuración de la Zona Económica Especial (ZEE) del puerto Lázaro Cárdenas, el más importante de ese país.

A finales de septiembre, ese empresario acerero se reunió con Aureoles y expresó las tres directrices que se deben cumplir para invertir 1.000 millones de pesos —más de 52 millones de dólares— a través de la empresa Arcelor Mittal.

Crimen organizado

La primera condición es la seguridad, un tema por el cual toda la región de la sierra-costa michoacana ha sufrido constantes altibajos.

Por lo menos desde 2002, esta región ha sido el laboratorio de operaciones financieras para diversos grupos criminales, como los Zetas, la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios. En la actualidad, aún existen sospechas de que esta última organización controla ciertos negocios.

Las actividades ilícitas son diversas e incluyen la venta de maderas preciosas en peligro de extinción y de minerales como hierro y plata a China, de manera no registrada y a través de la empresa Ternium. Además, la presencia del crimen organizado durante casi dos décadas ha generado una situación de temor generalizado en la población y ha provocado pérdidas preocupantes.

Tan solo en la comunidad indígena de Santa María Ostula se contabilizan 34 muertos y seis desaparecidos, todos líderes indígenas que se opusieron a la presencia del crimen organizado. A pesar de que no existe un saldo específico en Coire y Pómaro, comunidades que comparten los más de 300 kilómetros de esta costa, sus pobladores aseguran que el saldo asciende a más de 50 personas entre las dos localidades.

El pasado febrero, dos camionetas de la Marina mexicana auxiliaron a un grupo de personas que secuestraron a cinco policías municipales en la población de Tizupan. Días después, aseguraron que fueron liberados por "los marinos", quienes "nos engañaron y nos golpearon" y "ayudaron a los Caballeros Templarios que quedan".

Un comunicado del Gobierno de Michoacán indicó que "personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR), en coordinación con las procuradurías Generales de la República (PGR) y de Justicia del Estado (PGJE), intensificó las labores operativas en la costa michoacana para brindar garantías de seguridad e impedir el establecimiento de grupos delincuenciales".

Lo anterior deja ver que al director de Arcelor Mittal le interesa proteger al máximo a su personal y asegurar que el pasado sucio del puerto no contamine su inversión y la nueva imagen que se quiere dar a este importante foco económico.

Lucha por las tierras

La región de la sierra-costa michoacana comienza a preocuparse por las señales que indican un complejo rompecabezas político y económico a partir de ahora. Por un lado, lo que las poblaciones llaman "la política" empieza a mover la maquinaria electoral para que todo esté listo en las elecciones federales y estatales de 2018 donde, además de la elección presidencial, se decidirá quiénes serán los presidentes municipales.

La comunidad de Santa María Ostula ha denunciado en varias ocasiones los vínculos entre los partidos políticos y el crimen organizado hasta antes de 2015, cuando se celebraron las últimas elecciones locales. Mario Álvarez, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue dos veces alcalde y, según testimonios de autoridades agrarias y pobladores consultados, se presume que orquestó todo un aparato criminal que benefició a empresas mineras y madereras y a los Caballeros Templarios, principalmente.

A Juan Hernández, sucesor de Álvarez y también militante del PRI, se le acusa de llevar a cabo el cambio, sin la aprobación de la gente, en el uso de suelo en la comunidad de Coire y Pómaro, tal y como consta en el expediente del caso, una modificación que benefició la venta de lotes a particulares interesados en la explotación minera.

Las irregularidades sobre el uso del suelo se juntan y se complican con el ambiente político: no hay consultas, manifiesto de impacto ambiental ni nada similar, tal y como indica la ley minera mexicana. El grupo de Hernández "no nos ha dejado en paz": "insisten en despojarnos de nuestros recursos naturales, como la madera, y siguen con la minería sin que les demos permiso", concluye Juan García, comunero de Pómaro que se ha mantenido muy activo en la lucha contra el despojo de los recursos naturales en aquella parte de México.

Lakshmi N. Mittal pidió al Gobierno estatal que le concediera total certeza jurídica sobre terrenos y minas no explotadas en la sierra-costa michoacana, principalmente en los municipios de Tumbiscatío, Chinicuila, Aquila, Coalcomán y Lázaro Cárdenas. Sin embargo, ante la falta de resolución de conflictos, tanto la parte legal como la seguridad están en juego.

Resistencia al despojo

Ante la falta de información precisa y transparente, las comunidades de esta región de Michoacán se oponen desde hace más de tres décadas a la explotación, tanto de hierro como de otros minerales. Varios comuneros indican que lo único que se ha visto en todo ese tiempo es que se extraen recursos naturales y se transportan al puerto de Lázaro Cárdenas para que empresas como Ternium, Hylsa o Arcelor Mittal comercien con ellos en otros países. Pareciera que los únicos beneficiados en este contexto han sido los alcaldes y las autoridades agrarias puestas a conveniencia de los benefactores. La minería no es una actividad orgánica de los comuneros y no existe tradición minera que la avale.

Para Belisario, encargado del orden de la comunidad de Maruata, "la gente en sí, todos los comuneros, nadie es minero. No conocen siquiera algo de geología para hacer estudios ni cuanto vale el mineral. Cualquier persona que te encuentres por aquí no te sabrá decir nada de minería porque no sabemos nada". Ese comunero estima que defender una actividad económica sin información y en donde los antecedentes involucran despojo y crimen organizado resulta difícil.

Con este nuevo pacto para el desarrollo de las ZEE, la tercer condición que impone Mittel es que no existan movimientos sociales indígenas o mestizos, grupos de ambientalistas o cualquier opositor que obstaculice el desarrollo minero, por lo que la natural oposición a esta actividad puede resultar un foco de atención a mediano plazo.

Raymundo Ortiz Martín del Campo, asesor jurídico de varias comunidades en la sierra-costa, expresa su preocupación ante este pacto del Gobierno michoacano con la empresa acerera, que considera como la continuación del proyecto de explotación que configuró Hernán Cortés hace casi 500 años. "Michoacán ha regresado a lo peor del siglo XVI: retomando el proyecto colonizador y de despojo que alguna vez imaginó Cortés para esta costa tan rica y tan grande", sentencia Ortiz.

Este abogado agrega que las minas ilegales son posibles gracias a la existencia de la infraestructura de las minas legales y la nueva ZEE es una pionera en esta configuración. No es difícil creer que esta situación encuentre la resistencia de las propias comunidades y de diversos grupos ambientalistas, que cuestionarían la necesidad de una explotación minera de las proporciones que visualiza Arcelor Mittel al poner en jaque la soberanía del Gobierno estatal.

Heriberto Paredes

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