Un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) reveló que la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por miembros del Ejército mexicano que luchan contra los cárteles del narcotráfico quedan impunes.
De acuerdo con el reporte titulado 'Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México', los efectivos militares que cometen delitos y violaciones generalmente no responden por sus acciones. Tampoco lo hacen los funcionarios públicos que solicitan la presencia de las Fuerzas Armadas en sus entidades o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la Policía en México.
El informe de WOLA señala que, según estadísticas oficiales, entre 2012 y 2016 la Procuraduría General de la República (PGR) inició 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en contra de civiles.
Delitos relacionados con tortura y desaparición forzada
La mayoría de los casos bajo investigación son por violaciones a derechos humanos, y los más comunes son los relacionados con la tortura y desaparición forzada.
Para el mismo periodo solo hay registro de 16 sentencias condenatorias para estos casos, lo que quiere decir que en "cuatro años la PGR solo tuvo éxito en 3,2% de las investigaciones contra soldados", indica el reporte.
La organización, con sede en Washington D.C., afirmó que las investigaciones de la PGR "son lentas y durante las mismas no se recaban todas las pruebas para llevar ante jueces casos sólidos".
La investigación de WOLA menciona solo un caso en el que se condenó a un teniente coronel en el norteño estado de Chihuahua por su responsabilidad como superior jerárquico en una desaparición forzada ocurrida en 2009, y otro en que fue condenado un subteniente de Infantería por la desaparición forzada de una persona en 2012 en el estado de Nuevo León, también en el norte del país.
Guerra contra el narcotráfico
Desde la presidencia de Felipe Calderón, que comenzó en 2006, las Fuerzas Armadas de México han desempeñado un papel fundamental en la lucha contra los cárteles de la droga.
En respuesta al informe de Wola, el Gobierno mexicano rechazó toda violación a los derechos humanos, así como su compromiso de garantizar su protección en todo el territorio.
A través de un comunicado reiteró su compromiso para investigar, a través de la PGR, los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles.