Norma Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia, Suhelen Gabriela y Patricia Torres son cinco de las 11 mujeres que luchan contra el Estado mexicano por los presuntos abusos que elementos policiales cometieron contra ellas en mayo de 2006.
Las 11 mujeres comparecieron este jueves ante un panel de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José (Costa Rica) y declararon haber sido víctimas de ultrajes cuando las despojaron de manera violenta de la comunidad de San Salvador Atenco, en el Estado de México.
Los hechos se remontan al 3 de mayo de 2006, cuando elementos de la Policía del Estado de México desalojaron a vendedores de flores en el mercado de Texcoco, después de lo cual pobladores y miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) decidieron bloquear la carretera Texcoco-Lechería.
Las protestas de los pobladores mexiquenses se agudizaron, debido a que se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto que anunció en 2001 el entonces presidente mexicano, Vicente Fox Quesada, el mismo que se encargaría de expropiar algunos predios en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco.
Durante la audiencia, que duró más de 10 horas, algunas de las presuntas víctimas narraron su versión de los hechos. Así, Claudia Hernández aseguró que, mientras varios policías mexiquenses la sometían, algunos comentaban que iban a "ensuciar más a esta perra" al tiempo que le bajaban su pantalón.
Por su parte, Bárbara Italia comentó que, "en algún momento, sentí que mi vida estaba destrozada, que habían trastocado mi interior de una forma muy fuerte", mientras que Angélica Patricia comentó que "un policía me agarró donde se pone el cinturón, me empujo contra la pared y metió su mano en mi vagina".
En un comunicado oficial sobre los hechos, el Estado mexicano indica que "México condena categóricamente los hechos de violencia sexual y tortura cometidos en contra de las 11 víctimas" y reitera "su plena disposición y compromiso para atender las medidas de reparación que, en su momento, pueda ordenar la Corte Interamericana".
Por su parte, las denunciantes instaron a la CIDH a obligar a las autoridades del Estado de México a "reconocer los hechos" y sugirieron que se realicé "una investigación a fondo" para que "paguen los culpables". Asimismo, propusieron crear un espacio para recordar esos acontecimientos.