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El exvicepresidente catalán Junqueras y los exconsejeros acatan el 155 y reclaman quedar en libertad

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En un escrito remitido al juez, aseguran abandonar la vía unilateral aunque advierten que no renuncian a sus convicciones políticas.
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El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y el resto de exconsejeros de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que permanecen en prisión preventiva desde el pasado 2 de noviembre, han pedido su puesta en libertad asegurando que acatan la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Lo han hecho mediante un escrito que han remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que también advierten que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque aceptan defenderlas por "las vías del diálogo y la negociación".

En el texto enviado al nuevo juez instructor de la causa, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa explica que todos ellos "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y destaca que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas".  El escrito también señala el compromiso de los imputados en "alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña".

La Audiencia Nacional, por su parte, ha fijado la vista de los recursos contra la prisión provisional de Junqueras y los siete exconsejeros para el próximo lunes 4 de diciembre.

Situación legal del Gobierno cesado

El pasado 24 de octubre el Tribunal Supremo de España decidió asumir la causa abierta contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y todos los exmiembros de su Gobierno por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. 

Mientras Junqueras y los siete exconsejeros mencionados están en prisión preventiva, Puigdemont y otros cuatro exmiembros del Gobierno catalán se encuentran desde el pasado 30 de octubre en Bruselas, después de que el Gobierno español cesara al Ejecutivo catalán, disolviera el Parlamento regional y convocara elecciones anticipadas en Cataluña, en virtud del artículo 155 de la Constitución española, que se aplicó como respuesta a la declaración unilateral de independencia llevada a cabo el pasado 27 de octubre.

Sobre el expresidente y los exconsejeros desplazados en Bruselas pesa una Orden Europea de Detención y Entrega, que un juez belga resolverá el próximo 4 de diciembre.

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