Amnistía Internacional pide a Nigeria, el Reino Unido y los Países Bajos que investiguen penalmente a Shell por complicidad con crímenes cometidos por las fuerzas armadas nigerianas, como violaciones, torturas y asesinatos durante la década de los 90.
La ONG posee una gran cantidad de documentos que acreditarían la complicidad de la compañía angloneerlandesa con las fuerzas armadas del país africano para reprimir las protestas de la población contra lacontaminación, producida por los vertidos de la compañía en la región de Ogoniland.
"Las pruebas que hemos analizado muestran que Shell alentó reiteradamente a las fuerzas armadas nigerianas para que hicieran frente a las protestas de la comunidad, aún sabiendo los horrores en los que tal actuación derivaría: homicidios ilegítimos, violaciones, torturas e incendios de pueblos", ha denunciado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional, en un comunicado de la organización.
Las solicitudes de protección se traducen en crímenes contra la población
El punto álgido de la represión contra la comunidad ogoni lo representó la ejecución en 1995 de nueve hombres, entre ellos Ken Saro-Wiwa, el activista que había liderado las protestas, tras un juicio claramente injusto.
Hasta llegar aquí, se habían producido otros hechos graves. A finales de 1990 Shell solicitó "protección de seguridad" para sus instalaciones en Umuechen. En consecuencia, 80 personas murieron a manos de la policía y 595 casas del pueblo fueron quemadas. Tras estos acontecimientos, Shell debió entender "los riesgos de pedir una intervención de las fuerzas de seguridad", según informa la ONG. Aún así, hay pruebas claras de que siguió actuando de la misma manera.
Shell y las autoridades militares del país tuvieron contactos frecuentes durante la crisis en torno al pueblo ogoni, que nunca se interrumpieron a pesar de las consecuencias de las actuaciones militares. Incluso, Amnistía Internacional señala que Shell llegó a brindar asistencia logística o financiera a personal de las fuerzas armadas y policía a sabiendas de que se encontraban involucrados en acciones asesinas contra población desarmada. La compañía siempre ha negado las acusaciones, aunque su actuación nunca ha sido investigada.
Más de 900 millones de dólares para "restablecer el orden"
"En medio de esa represión brutal, Shell hasta brindó a las fuerzas armadas apoyo material, incluido transporte, y por lo menos una vez pagó a un gobernador militar, conocido por haber perpetrado violaciones de derechos humanos", afirma Audry Gaughran. "Es indignante que nunca haya tenido que pagar por eso", concluye.
Los documentos que posee Amnistía Internacional también acreditan que el 3 de marzo de 1994 la firma hizo un pago de más de 900 millones de dólares a una unidad especial creada para "restablecer el orden" en Ogoniland.
"En varias ocasiones, la ayuda que Shell había pedido al Gobierno produjo una nueva ola de violaciones brutales de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas", relata Audry Gaughran, por lo que "es difícil no ver vínculos causales". Además, Amnistía Internacional informa de que pretende llevar este caso ante la justicia: "Creemos que ahora estaría justificada una investigación penal".