Diversas organizaciones internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han criticado la Ley de Seguridad Interior de México, la cual fue aprobada el pasado jueves por la Cámara de Diputados del país.
Según alertan estas organizaciones, la intervención del Ejército de México en los asuntos de seguridad interior que ampara esta normativa, podría suponer una grave violación a los derechos humanos de los mexicanos.
Algunos preceptos de este dictamen han sido considerados como "polémicos", ya que contemplan la concesión a las fuerzas armadas a decidir sus intervenciones, según el artículo 6 de esta normativa. Por su parte, el artículo 9 asegura que la información generada por la aplicación de dicho ordenamiento legal en materia de seguridad, será de carácter clasificada.
Asimismo, el artículo 11 detalla que se legalizará la intervención del Ejército de México en asuntos de seguridad pública. De acuerdo con esta ley, las acciones militares podrán prorrograrse indefinidamente, según refiere el artículo 15; y también podrán realizar labores de inteligencia, detalla el artículo 30.
Versiones encontradas
Francisco Franco Quintero, director de Consultores en Inteligencia y Seguridad, considera que "la ventaja más importante [de esta Ley] es que otorga un marco jurídico a las fuerzas armadas para su actuación fuera de sus cuarteles". Y agregó: "Las fuerzas armadas venían demandando certeza sobre sus actividades y, de alguna manera, esta ley intenta dársela y eso es positivo".
En la contraparte, Porfirio Martínez González, abogado de la organización Mexicanos Unidos, dijo que la Ley de Seguridad Interior "es una desventaja para México porque es una respuesta represiva y un retroceso histórico en el país". "Nos regresa a las épocas más oscuras de la dictadura porfirista, ya que se vuelven obsoletos los derechos humanos", añadió.
Martínez González agregó que esta iniciativa del Gobierno de México "se resume en la facultad del Poder Ejecutivo de decidir a quién hay que reprimir, cómo hay que reprimir para que no hable, para que no exprese su oposición y el Estado mexicano caiga en una situación de fascismo".
La preocupación por la posible aprobación de esta Ley, está motivada por el drástico aumento en el número de homicidios en el país desde que inició la llamada guerra contra el narcotráfico en 2007, emprendida por el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, en 2007 se registraron 10.253 homicidios dolosos en todo el país; mientras que en 2011, la cifra aumentó a 22.855 de estos delitos. En lo que va de este 2017, se han contabilizado 213.000 de estos crímenes desde que se comenzó a contabilizar el número de muertes a causa de la estrategia de intervención militar.