Organizaciones de derechos humanos de Honduras han hecho público un informe en el que se contabiliza el número de víctimas registradas durante la última semana de protestas y toque de queda posteriores a las elecciones presidenciales que ese país celebró el pasado 26 de noviembre.
Según el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Cofadeh), hasta el momento se han registrado 14 muertos, 51 heridos y más de 800 detenidos. "No es justo. Todo el mundo tiene derecho a protestar, decir lo que piensa", lamenta Karla Patricia Triminio, cuyo hermano falleció el 3 de diciembre por un impacto de bala de la Policía Militar cuando protestaba en Tegucigalpa.
Esas organizaciones señalan que los responsables de esas víctimas son la Policía Militar de Honduras —un cuerpo que "está agrediendo a la población manifestante"— y Estados Unidos, que ha apoyado fuertemente a las fuerzas militares hondureñas: de hecho, las patrullas y comandos militares "fueron donados por Washington", asegura Meri Agurcia, activista de Cofadeh.
Desde el 1 de diciembre, en Honduras hay toque de queda: entre las 20:00 y las 05:00, está prohibido transitar por las calles. Esto incrementa la tensión en una sociedad polarizada entre los partidarios de José Orlando Hernández, del Partido Nacional —que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha declarado ganador— y los fieles al candidato Salvador Nasaralla, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que denuncian fraude y se atribuyen la victoria.
La polarización que vive ese país centroamericano desde el golpe de Estado que sacó del poder a José Manuel Zelaya en 2009 cobra tintes dramáticos. Los últimos comicios se desarrollaron entre denuncias de fraude por parte de la oposición, que reclama que se revisen 5.300 actas. La Organización de Estados Americanos (OEA), que envió una misión de observadores, ha reconocido las irregularidades y no descarta la posibilidad de repetir las elecciones.