El Tribunal Supremo de España ha ampliado su investigación sobre el movimiento independentista catalán a las cúpulas de los partidos políticos y a las redes de apoyo social. En concreto, el magistrado Pablo Llarena ha encargado a la Guardia Civil que realice un informe sobre la participación de los partidos políticos PDeCAT y ERC, así como de las organizaciones ANC, Omnium y AMI en "una estrategia para lograr la independencia" de la comunidad autónoma de Cataluña".
Además, Llarena ha solicitado a la Policía Judicial que investigue el papel de los miembros del llamado Comité Estratégico que figuraba en un documento titulado 'Enfocats' incautado durante los registros, que considera una especie de hoja de ruta del proceso independentista.
Entre otras figuras políticas del independentismo catalán, en ese colectivo estaban incluidos quienes eran presidente y vicepresidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras; los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; y la actual secretaria general y candidata de ERC a las elecciones regionales del proximo 21 de diciembre, Marta Rovira.
Asimismo, Pablo Llarena investiga la financiación del proceso independentista y solicita a la Guardia Civil que determine si el origen de sus fondos puede estar en "algunas de las entidades anteriormente expresadas". En concreto, le interesa aclarar el papel que habrían desarrollado en "movilizaciones sociales" como "un instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia de Cataluña".
Proceso contra el Gobierno catalán
Cuando el 27 de octubre el Parlamento catalán aprobó la declaración de independencia de Cataluña, el Gobierno de España comenzó a aplicar el artículo 155 de la Constitución, con medidas como el cese del Ejecutivo regional y la convocatoria de elecciones anticipadas. Por su parte, la Fiscalía presentó dos denuncias: una, ante el Tribunal Supremo, que afectaba a los miembros de la Mesa de ese órgano legislativo por ser aforados; otra, ante la Audiencia Nacional, que afectaba a los exmiembros del Ejecutivo autonómico.
En este contexto, Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros se marcharon a Bruselas (Bélgica), mientras que los otros nueve exintegrantes del Gobierno catalán ingresaron en prisión provisional. Seis de esas personas abandonaron la cárcel bajo fianza el pasado 4 de diciembre; sin embargo, Oriol Junqueras; el antiguo consejero de Interior catalán, Joaquim Forn; Jordí Sànchez y Jordi Cuixart permanecen entre rejas.
El Tribunal Supremo de España remitió a las autoridades belgas una Orden Europea de Detención y Entrega, que quedó sin efecto el pasado 5 de diciembre por decisión del juez Llarena.