La desaparición y muerte de Santiago Maldonado, así como el fallecimiento del joven mapuche Rafael Nahuel en el marco de un operativo policial, son dos muestras de como ha aumentado la represión de las fuerzas de seguridad en Argentina.
La realización de la llamada 'Marcha de la Gorra' para denunciar este tipo de hechos ha sido elocuente. Allí los organizadores sostuvieron que, en 2016, una persona murió cada 25 horas producto de la violencia estatal.
En este contexto, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presenta este viernes su informe anual, como viene haciendo desde hace 21 años. Este espacio que nuclea a abogados y defensores de los Derechos Humanos, publica periódicamente un documento en el que da cuenta de la recopilación de todos los casos de violencia institucional en el país.
María del Carmen Verdú, abogada y referente de Correpi, dialogó con RT en relación a lo que definió como "un incremento represivo cuantitativo, pero también cualitativo", desde la asunción de Mauricio Macri como presidente de Argentina, a finales de 2015. "Estamos ante una avanzada represiva que abarca todo el territorio nacional", expresó.
La abogada analizó que la política de seguridad del actual Gobierno es parte de un proyecto integral. La "designación de los y las funcionarias de las áreas de seguridad en todos los niveles y el lanzamiento de una serie de medidas" iniciaron lo que "pretende ser una reforma de la política y del aparato represivo".
El objetivo, según la entrevistada, es "sentar bases inamovibles" para un modelo de "acumulación económico y político" que "derrote y ponga en peores condiciones a las trabajadoras, trabajadores y al pueblo".
En ese sentido, enumeró en primer lugar la declaración de "emergencia nacional en seguridad", que da "mayores facultades para la persecución política" a partir de figuras legales, como la de asociación ilícita "organizada para cometer delitos por fines políticos" u otros delitos creados por "las leyes antiterroristas del kirchnerismo". A esto se sumó la "autorización para convocar personal retirado" de distintas fuerzas de seguridad y la "facultad de cambiar el destino de partidas presupuestarias y hacer contrataciones directas".
Por otro lado, el Ejecutivo reunió al Consejo de Seguridad Interior y con el aval de la mayoría de los gobernadores aprobó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, "conocido popularmente como el Protocolo Antipiquetes".
Finalmente, como tercera medida, se dio "la unificación de la Policía Federal y la Metropolitana", que concluyó en la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Esto resultó en un incremento del "nivel de militarización de la ciudad, ubicándola como líder mundial en presencia policial en las calles". Los datos: "un policía cada 107 personas, 860 policías cada 100.000 habitantes".
Verdú analizó que además del rol de las fuerzas de seguridad interior hay otros dos actores que intervienen en este proceso de aumento de la represión en Argentina.
Existe una "reformulación del rol que juegan las Fuerzas Armadas" con miras a que "cumplan tareas de represión interna, con la excusa del combate al narcotráfico y al terrorismo internacional". Esto es justificado, según la abogada, mediante "la construcción de un enemigo interno que legitime la represión y los crímenes, [como los] de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel".
"No menos revelador es el rol del obediente Poder Judicial", apuntó la entrevistada. Mientras "garantiza la impunidad de los represores" carga "sin compasión contra manifestantes", ordenando "detenciones y prisiones preventivas imposibles de explicar desde la técnica jurídica". Así se pudo ver, por ejemplo, en las detenciones sucedidas luego de la movilización del 1 de septiembre por Maldonado.
Sin embargo, recordó que el actual Gobierno está avanzando en distintas leyes que permitan legitimar estas prácticas. Fue así que logró, con el apoyo de otros partidos políticos, la aprobación de la Ley de Flagrancia, "que extiende ese procedimiento al ámbito federal y permite que, en un par de semanas, una causa sea elevada a juicio y tenga sentencia, haciendo casi imposible que el acusado pueda acceder a su defensa".
De la misma forma se validaron por ley las figuras del "agente encubierto (infiltrado), el informante ('buche') y el agente revelador (provocador)".
Tanto en el caso Santiago Maldonado como en el de Rafael Nahuel, la inmediata respuesta de las autoridades fue la de defender a las fuerzas de seguridad. Se planteó que las víctimas estaban cometiendo un delito y que los agentes del Estado siempre actuaron correctamente.
Así lo hizo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante el caso Maldonado. La funcionaria declaró a los pocos días de la desaparición que no había "ninguna comprobación de que Gendarmería haya tenido alguna participación". "No permitiremos que se use la violencia como forma de acción", añadió en relación a la comunidad mapuche.
En el mismo sentido, recientemente, tal como reseñó Página/12, se expresó la vicepresidenta Gabriela Michetti respecto a la muerte de Rafael Nahuel. "Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza del Estado para cuidarnos a todos y a los que viven en esa zona", aseguró.
"Todo el Gobierno nacional salió en bloque a reivindicar su aparato represivo", subrayó Verdú al respecto. La abogada explicó que el Ejecutivo se apoya además en "el fabuloso aparato mediático que funciona como reproductor y amplificador de la propaganda oficial", mediante el cual "se dedicaron a construir aterradores relatos sobre la supuesta actuación de grupos 'violentos y subversivos' en la Patagonia".
El propio Macri sostuvo en una reunión de gabinete que hay que volver a la "lógica de que a la voz de alto tenés que entregarte". Para la abogada esto es "la confirmación de que la Ley de Fugas, además de vigencia real, tiene vigencia formal en Argentina".
En ese marco general es que se inscribe "el crecimiento de todas las modalidades represivas, como lo prueba el Archivo 2017" de la Correpi. Este documento señala que Macri, en menos de dos años, "se ha convertido en el presidente cuyo aparato represivo mató más personas bajo su mandato, en proporción al tiempo de Gobierno". Además, el texto recoge que por primera vez en las últimas tres décadas "el aparato represivo estatal mató, en situaciones de directa aplicación de las políticas represivas, más de una persona por día".
Santiago Mayor